¿Es legal el voto a distancia en el Ayuntamiento que pretende impulsar Carmena?

El pasado 18 de noviembre salió adelante en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid una propuesta para modificar puntualmente el reglamento del Pleno y permitir el voto telemático en casos excepcionales, como los de baja por maternidad, paternidad y enfermedad grave.

La propuesta fue presentada por Ahora Madrid y contó con los votos favorables del PSOE y el rechazo de PP y Ciudadanos. Dicha propuesta iba a ser votada durante la sesión plenaria de este martes y, previsiblemente, aprobada gracias al visto bueno de los mismos partidos.

Sin embargo, Ciudadanos presentó este martes un recurso cuestionando la legalidad de este cambio y Ahora Madrid la retiró en el último momento del orden del día. Según el partido liderado por Begoña Villacís – a diferencia del Congreso, el Senado o las Asambleas autonómicas- no existe un "desarrollo legislativo para las administraciones locales que permita deliberar a distancia". De hecho, en 2013 el Congreso de los Diputados "reconoce que hay una laguna" en este sentido e "insta al Gobierno", a través de una proposición no de ley, a que se lleven a cabo los cambios pertinentes. Pero aún no se han realizado.

Así, la formación centrista presentó una petición al secretario general del Pleno instándole a que clarifique si esta medida tendría base legal para ser aprobada. Asimismo, se le requiere que informe de qué efectos tendría si los acuerdos votados bajo este sistema fueran declarados nulos.

"Existe una cosa que se llama ley y que ellos, por mucho que sean del equipo de Gobierno, deben acogerse a ella", declaró a los medios Villacís. "Si hubiese salido adelante y el secretario no hubiese observado nada y luego se hubiese determinado que no es válido, todo lo votado desde entonces sería totalmente nulo, es decir, que no hubieran servido de nada estos plenos", explicó la portavoz del partido naranja. "Para que nos demos cuenta de lo mal que se hacen las cosas en este Ayuntamiento". El PSOE ha decidido no sumarse a esta petición, sí el PP. "Hemos buscado el apoyo del Partido Socialista que, para variar no nos lo ha dado. Se ve que no se siente en la oposición", afirmó.

"Es muy difícil explicar que una persona con permiso de maternidad o de paternidad puede estar disponible para votar, pero si sigue siendo concejal y tuviera que responder ante un escándalo o algo que se le atribuyera desde el control de la oposición para eso no estaría disponible. Nosotros creemos que el reglamento y la ley lo dicen con total claridad y que votan los que están presentes", señaló la portavoz popular, Esperanza Aguirre.

El partido en el Gobierno, mientras, explicó que han decidido retirar su propuesta hasta que ese informe de la secretaría del Pleno esté listo. "Se trata –explicó el Ejecutivo local- de un informe jurídico que recoge antecedentes y documentación que justifican la propuesta", que se volverá a incorporar, aseguran, en el próximo Pleno.

Después, a la salida del Pleno y en declaraciones a los periodistas, el tercer teniente de alcalde de la ciudad, Mauricio Valiente, opinó que "reforzar toda la seguridad jurídica de la medida que vamos a proponer aunque tuviera mayoría nos parece un elemento necesario". No obstante, calificó la solicitud de Ciudadanos, y a la que se ha sumado el PP, de "maniobra con mala fe por parte de los grupos de la oposición porque la iniciativa se conoce desde hace un mes por lo que podían haber pedido antes este informe".

"Es un avance democrático que cualquier persona que esté de baja pueda participar en el Pleno" y esto se haga "con la mayor garantía y seguridad", afirmó Valiente.

Más allá de los asuntos técnicos y jurídicos, este asunto tiene relevancia política y obedece a la necesidad –según señalan populares y centristas- del Gobierno dirigido por Manuela Carmena de no perder votaciones importantes, ahora que Celia Mayer está de baja, sobre todo las que requieren de una mayoría absoluta, como la creación de la Oficina Antifraude o el Plan sobre derechos humanos.