Francisco Granados no volverá a casa por Navidad. Y no se puede decir que no lo ha intentado. Tal y como marca la Ley, la medida cautelar de prisión que el juez acuerde sobre un investigado en causa penal tiene fecha de caducidad a los dos años. Sin embargo, el Poder Judicial puede acordar una prórroga de otros 24 meses si la instrucción se alarga más de lo esperado y concurren una serie de circunstancias que recomienden la reclusión del sospechoso. El juez Eloy Velasco decretó en octubre ese prórroga y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, su superior jerárquico, ha rechazado este lunes el recurso del supuesto cabecilla de la Operación Púnica.
El exsecretario general del Partido Popular de Madrid vincula su estancia en la cárcel al menos hasta que culmine la fase de investigación. Una instrucción que se alarga ya más de dos años y que ha dotado a la Justicia de sólidos indicios contra Granados. Igual que Velasco, la Sala de lo Penal considera existe un "riesgo genérico" de huida y de destrucción de pruebas porque el imputado conserva una ingente fortuna de dinero en el extranjero, además del que pueda esconder en España -la Guardia Civil encontró un millón de euros en un altillo de una habitación de la casa de sus suegros-.
Los magistrados de la Audiencia Naciona sostienen que, "corrompiendo a quien fuera menester", Granados amasó una millonada ligada a una "cuidadosa actividad tendente a ocultar". Conforme avanza el procedimiento se hace "más patente el presunto acopio de importantísimas sumas de dinero de ajena procedencia", describen literalmente. Señalan también datos "elocuentes y directos de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular" al resto de los investigados, amigos, familiares o testigos.
Según concluyó Eloy Velasco, Granados sigue disponiendo "de una manera oculta de una gran cantidad todavía elevada de dinero que la investigación todavía no ha sido capaz de decomisarle". Estos fondos capacitarían al expolítico popular una huida para "sustraerse a la acción de la justicia".
Indicios de delito
El sumario de la Operación Púnica describe un dibujo genérico de cómo nació y creció la supuesta trama de corrupción. Con dos nombres propios: Francisco Granados, un hombre fuerte del PP con influencia en la esfera política, y David Marjaliza, un empresario aventajado en las relaciones. Primero en Valdemoro y después en toda la Comunidad de Madrid y otras regiones, aunaron fuerzas para sangrar a las arcas públicas y se hicieron millonarios por dos cauces. Por un lado, mediante la concesión de contratos públicos a empresas que se entregaban a la corrupción: como conseguidor, Marjaliza localizaba a las firmas dispuestas a pagar comisiones a cambio de adjudicaciones, véanse Cofely u otras muy activas en la trama Púnica. La segunda vía consistía en la compra de terrenos rústicos a bajo precio y la posterior recalificación o reparcelación de los suelos valiéndose de la influencia de Granados para explotarlos a través de la venta de parcelas.
Tanto la Guardia Civil como la Fiscalía creen que Granados financió de forma irregular al Partido Popular, con fondos procedentes de la corrupción. De hecho, en uno de los manuscritos intervenidos, el supuesto cabecilla emplea el lema: "quien parte y reparte…": habría distribuido mordidas procedentes del amaño de contratos y las recalificaciones urbanísticas cuyos detalles figuran en una agenda que también fue intervenida.
Granados utilizó un lenguaje semiencriptado, posiblemente más por prisa que por cautela. En su libreta negra, según obra en el sumario, figuran memorias de transferencias de fondos a una serie de iniciales: BG, según la policía Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP madrileño; JLM, que podría ser el consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid; NP, probablemente Nacho Palacios, jefe de gabinete del político y persona de su máxima confianza; y Me, es decir, el propio Granados.