Existe un marco legal que obliga a los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones. Que sienta las bases de lo que debe ser un procedimiento, de las posibilidades y los límites aplicables a los instructores. El órgano encargado del control a los miembros de la judicatura, es decir, el Consejo General del Poder Judicial, ha abierto un expediente disciplinario a Victoria Rosell porque habría transgredido esas normas de buen hacer. De esta forma, emprende una investigación contra la que fuera fichaje estrella de Podemos, que logró un escaño en las elecciones elecciones generales del pasado 20 de diciembre y renunció en junio por su condición de imputada.
El CGPJ detecta indicios de que Rosell incurrió desde su Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas en una falta muy grave, que encaja en el supuesto de "desatención en la tramitación de un procedimiento judicial". El principal imputado de una causa que instruía, Eduardo López Mendoza, presentó el 26 de septiembre de 2013 un indecente de recusación contra la juez porque consideraba comprometida su imparcialidad. La magistrada de Podemos no quiso dejar la investigación y, tal y como marca la Ley, elevó un informe explicativo a su superior jerárquico para que resolviera la cuestión.
Hasta aquí todo correcto, pero a partir de este momento se produjeron las supuestas irregularidades. La misma Ley marca que, mientras que en este caso la Audiencia Provincial de Las Palmas resolvía sobre la competencia de Rosell, ella debía apartarse de la instrucción. Lejos de dar un paso hacia un lado, la titular de Juzgado practicó interrogatorios en la fase de recopilación de pruebas, "concretamente en las comparecencias para declaración del investigado Eduardo López Mendoza, que se celebraron los días 11 y 28 de noviembre de 2014" según el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que ha abierto el expediente.
La resolución ha sido ya notificada a la magistrada expedientada, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía General del Estado a los efectos oportunos.
Otros entuertos de Rosell
Se trata de una nueva investigación a Victoria Rosell, que en los últimos tiempos se ha visto envuelta en otros procedimientos. Uno a resultas de una querella que interpuso contra ella el exministro de Industria, José Manuel Soria, por un delito de injurias y calumnias cuando le acusó de manipular a la Fiscalía en su perjuicio de cara a la contienda electoral. El político del Partido Popular consideró "el colmo" que una magistrada conocedora de los principios constitucionales le haya atribuido una conducta que implicaría un "abuso de poder" y un comportamiento "prevaricador".
Además, el Tribunal Supremo abrió el pasado mes de abril una investigación a Victoria Rosell por presuntos retardo malicioso en la Administración de Justicia, prevaricación y cohecho durante su etapa como titular del mismo Juzgado de Instrucción n.º 8 de Las Palmas. Tres delitos de corrupción que nacieron del presunto interés de la magistrada en dilatar el proceso a un imputado que mantenía negocios con su marido, Carlos Sosa.