La relación del Gobierno de Ahora Madrid con los movimientos okupas viene de lejos. De hecho, muchos de sus concejales provienen directamente de este mundo. Tal es el caso por ejemplo de la delegada de Cultura, Celia Mayer, o el concejal Guillermo Zapata, ambos del Patio Maravillas.
En más de una ocasión, este apoyo manifiesto a las okupaciones ha provocado tiranteces en el equipo de Gobierno. Uno de los últimos episodios se produjo precisamente con el Patio Maravillas como protagonista. Los miembros de este colectivo okuparon un nuevo edificio en el centro de Madrid y arremetieron contra el Ayuntamiento en un comunicado. Pocas horas después la Policía les desalojó. Como protesta se organizó una concentración de repulsa en la que participaron varios ediles del Consistorio, entre ellos Montserrat Galcerán que, como se publicó después, es propietaria de nueve inmuebles. La alcaldesa respaldó esta actitud de sus concejales porque, dijo, se manifestaron "a título individual".
El último incidente a este respecto se produjo el pasado día 23, cuando cuatro okupas del centro autogestionado La Dragona, situado a las puertas del cementerio de La Almudena, fueron detenidos acusados de desórdenes públicos. El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, había firmado un decreto específico que anulaba la orden de desalojo que se había dado contra el centro okupa. Pese a que este desalojo no se iba a producir, decenas de ellos se concentraron en las inmediaciones del centro, cortando la Avenida Daroca y quemando neumáticos.
Estos okupas están negociando en la actualidad su permanencia en el centro con el Ayuntamiento, unas negociaciones bloqueadas porque el colectivo okupa no quiere "convertir La Dragona en una nueva Tabacalera que impulse las actividades del Ayuntamiento", según afirman en un comunicado.
Así las cosas, el PP presentó este lunes una proposición para condenar todas las usurpaciones de inmuebles realizadas por grupos organizados. También para instar al Gobierno municipal a que en "ningún caso ceda el uso de un espacio municipal a una organización con antecedentes por usurpación. Asimismo se requiere –en dicha proposición- a todos los miembros del Ejecutivo local "para que respeten la normativa de cesión de espacios municipales que ellos mismos han aprobado".
"Casi la mitad de los concejales de Ahora Madrid se ponen del lado de los usurpadores. Son Gobierno y oposición. El resto somos competencia desleal", espetó desde la bancada popular el edil Percival Manglano, que les pidió que aclaren si asumen sus responsabilidades de gobierno o la única diferencia es que "ahora van a las protestas en coche oficial".
La concejal de Ciudadanos, Silvia Saavedra, también fue muy crítica con la actitud de Ahora Madrid, que "sólo lo está a favor de la propiedad privada cuando la okupan". Y advirtió a sus concejales: "Van a tener que decidir si están del lado de la ley o no lo están. Porque se van a encontrar con una contradicción: ¿van a apoyar a los que dan la patada en la puerta y el pago del IBI?"
Pero no solo populares y centristas sumaron fuerzas. Esta vez también contaron con el apoyo del PSOE que, en boca de su concejal Ramón Silva, señaló que los socialistas no pueden "apoyar la falta de acción en apoyo de las instalaciones municipales". Y recordó las palabras pronunciadas por la propia Carmena a este respecto: "Lo suyo es que, cuando los propietarios reivindican la propiedad, las personas que han generado esa actividad cultural en esos centros se marchen y dejen la propiedad".
No obstante, la alcaldesa votó este lunes en contra de la proposición del PP. Lo hizo a mano alzada junto con todos los concejales de Ahora Madrid. Todos ellos se quedaron en minoría frente a populares, socialistas y centristas por lo que la iniciativa salió adelante.
Según el segundo teniente alcalde de la ciudad y delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones de Madrid, Nacho Murgui, la única intención del PP con esta propuesta es "señalar" y crispar". "Quieren simplificar el problema hasta la caricatura". Y ya adelantó que no van a pedir el "expediente delictivo" de nadie que solicite al Ayuntamiento la cesión de un local.