Después de 24 años al frente del Ayuntamiento de Valencia bajo las siglas del Partido Popular y los diecisiete últimos meses en el Senado, donde permanece como independiente desde que se abrió esta causa penal, Rita Barberá se ha enfrentado a la Justicia, en concreto al Tribunal Supremo por su condición de aforada nacional. La lideresa no se ha movido del testimonio que prestó en el Juzgado de Valencia que abrió diligencias. Reconoce que donó mil euros a su antigua formación, pero niega que se lo devolvieran en ningún sobre ni conoce casos de que se reintegraran las transferencias, tal y como plantea la investigación. Según fuentes jurídicas, ha subrayado que no formaba parte del comité de campaña, de esta forma no sabe si los eventos electorales se han financiado con ese sistema de pagos.
Barberá solo ha contestado a la Fiscalía y al juez que instruye el caso por reparto en el Supremo, Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. No ha respondido a la acusación popular que ejerce el PSOE aún a riesgo de que el proceso "se convierta en un terreno de confrontación política", en palabras del auto con el que el Alto Tribunal asumió las actuaciones contra la exalcaldesa. Tampoco a los medios de comunicación en el acceso a dependencias judiciales; ni a la salida, donde la esperaban seis personas desplazadas desde Valencia para gritar corrupta y ladrona: "No te escondas que lo vas a pagar, vais a caer todos", ha exclamado uno cuando la senadora y su letrado se metían en el taxi.
Al parecer, la secretaria de Barberá entregaba a los concejales y asesores del partido sobres con 1.000 euros en dos billetes de 500. Ellos lo lavaban mediante un donativo a cuentas del Partido Popular. Lo devolvían a un número de cuenta de la formación política con acceso restringido a un puñado de altos cargos que recibió, entre el 23 de marzo y el 15 de abril, 50.000 euros en cincuenta entregas realizadas por distintos miembros del grupo municipal.
El mismo sumario recoge una serie de conversaciones telefónicas que prueban el modus operandi. En una de las grabaciones, María José Alcón, exconcejal en el Ayuntamiento valenciano, se lo explica a su hijo: "Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total. Me deban dos billetes de quinientos". En un momento en el que el vástago responde incrédulo, la exedil añade: "Ellos tienen mucho dinero negro. De empresas del partido, comisiones, corrupciones. Es un dinero que no pueden aflorarlo". A continuación, Alcón admite que ese dinero lo ha recibido de García-Fuster y que lo ha devuelto "con una transferencia bancaria y se blanquea".