La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, investiga al exalcalde José Torres Hurtado, del PP, y la formación estudia personarse como acusación. Todo se deriva del levantamiento del secreto del sumario, en cuyo interior vuelan maletines de dinero, funcionarios con yate dedicados a tareas urbanísticas y con empresas presuntamente incompatibles con sus funciones públicas, sociedades trenzadas, algunos empresarios compinchados y la revelación por parte de algunos funcionarios de presiones, humillaciones, "exilios" interiores y coacciones.
El caso ha dado un vuelco porque hasta ahora se debatía entre unas detenciones ominosas perpetradas por la UDEF en la figura del exalcalde y su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, y las denuncias de algunos funcionarios "habituales" en las denuncias urbanísticas y, algunos de ellos, con abultados patrimonios.
La enconada defensa de la imputada concejala Nieto denunciando a la juez, a la Fiscalía y a sus denunciadores parecían sustentarse en bases sólidas. Por el contrario, la UDEF dibujó un mapa de corruptelas al frente del cual estaba José Torres Hurtado y que habría supuesto un quebranto para la ciudad de Granada de unos 30 millones de euros.
Pero, una vez conocido el sumario, el PP de Granada, al frente del cual se sitúan los enemigos internos del que fuera expulsado del partido, ha anunciado que está estudiando personarse como parte afectada del caso en cuanto del caso Nazarí, como es conocido ese entramado judicial, se derivó la pérdida de la alcaldía de Granada para el PP y su desprestigio ético y político. Esto es, no cabe duda de que tal posibilidad judicial se perfila como una acción contra su antiguo militante y alcalde.
Este martes, el secretario general del PP granadino, en rueda de prensa, afirmó que lo conocido ya del sumario "no nos gusta, no nos agrada e incluso nos sorprende". Dijo que el PP de Granada se sentía dolido y que ha tenido durante años una trayectoria intachable, de la que pareció excluir la gestión de José Torres.
El PP de Granada admite pues la existencia de una trama que afectaría a "un grupo muy reducido de personas", por lo que espera que el caso no "salpique" a más concejales. Lo que ya no puede evitar el PP es la evidencia de la existencia de dos bandos, uno de ellos encabezado por el exalcalde y otro por Sebastián Pérez, al que Torres obligó a dimitir al mismo tiempo que lo hacía él.
Por el contrario, el PSOE, el gran beneficiario de la crisis puesto que ha obtenido la alcaldía de la ciudad pese a ser un partido muy lejano en votos del PP, el partido ganador de las últimas elecciones, cree que "las primeras informaciones apuntan a la corrupción de todo el PP" si bien no hace mención alguna a la posibilidad publicada de que la presunta trama corrupta comenzara, como figura en el sumario, en el año 2000, cuando gobernaba el PSOE en Granada.
El actual alcalde socialista, Francisco Cuenca, por cierto, también imputado en otra trama judicial que afecta a la Junta de Andalucía, quiere que el propio Ayuntamiento de Granada se persone en el caso como perjudicado.
Dos funcionarios, claves del caso
Jacobo de la Rosa, arquitecto y desde antiguo militante del PP, declaró como testigo en el caso Nazarí y expuso haber sufrido "acoso, amenazas y coacciones" para que "retirara" o "matizara" sus informes contrarios a expedientes urbanísticos en los que a su juicio "se estaban cometiendo irregularidades". Por ejemplo, citó la Operación del Palacio de Hielo en el Cerrillo de Maracena, donde detectó "una importante pérdida millonaria de los intereses municipales", algo que, según garantizó, manifestó tanto a Torres Hurtado como a Isabel Nieto, aunque no se le "hizo caso".
Sin embargo, la exconcejala Nieto denunció a De la Rosa por sus actividades empresariales particulares en el sector inmobiliario, algo presuntamente incompatibles legalmente con su estatus de Director General de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. De hecho, De la Rosa tiene un importante patrimonio inmobiliario, una empresa, Jabeque Granada SL, a nombre de la esposa y sin empleados, que facturaba diez veces más de lo que ganaba en el Ayuntamiento e incluso llegó a comprarse un yate. Nada de esto ha sido tenido en cuenta judicialmente porque la denuncia fue archivada.
De la Rosa acusa al exalcalde Torres Hurtado y a la exconcejala Nieto de estar al tanto de las irregularidades urbanísticas y ésta lo calificó de "traidor". Además, les acusa de amenazas y represalias por no firmar informes favorables a sus intereses a él mismo y a otras empleadas como Beatriz Sánchez o Cristina Jiménez.
Es más, ha desvelado que la concejalía de Urbanismo preparaba dos informes –uno positivo y otro negativo– en la tramitación de licencias. Según los pagos que las empresas hicieran, se usaba el uno o el otro.
Manuel Lorente, investigado por nueve delitos, es otro de los funcionarios implicados en la trama. ABC destaca que sobre él sólo mandaban el exalcalde Torres Hurtado y la exconcejala Nieto. Pero es de interés que tuviera acceso a una treintena de cuentas bancarias, además de alrededor de 25 productos financieros entre depósitos y fondos, alguna en paraísos fiscales según la Fiscalía. Además, es propietario de seis viviendas, algunas de ellas de una promoción de un empresario implicado en la causa.
Llegado al Ayuntamiento en 1986, bajo gobiernos socialistas, ascendió hasta la Dirección de Obras Públicas, cargo en el que estuvo hasta 1995. Fue degradado por el ex alcalde del PP, Gabriel Díaz Berbel y aupado de nuevo por el socialista José Moratalla. Finalmente dimitió en 2008 para impedir que se conocieran sus bienes y los de su esposa, registradora de la propiedad, pero volvió como director técnico de Obras.
Y tres empresarios
De hecho, uno de los hijos de Manuel Lorente tiene una intensa relación con el empresario Roberto García Arrabal, de una familia con tradición inmobiliaria en Granada, que se relacionaba habitualmente con la concejala Isabel Nieto según muestran los correos electrónicos recogidos en el sumario.
En el sumario de la Operación Nazarí, recuerda Granada hoy, hay tres empresarios: Enrique Legerén, José Julián Romero y el propio Roberto García Arrabal. Los tres están vinculados a 13 empresas en las que participaban al menos dos de ellos de forma combinada.
La UDEF investiga asimismo sus relaciones con los funcionarios, muy especialmente con Manuel Lorente, que viajó a Japón con José Julián Romero. Curiosamente Lorente compró cinco coches en 12 años a un concesionario propiedad de Romero.
También desvela el sumario una relación forjada entre Lorente y Roberto García Arrabal. Lorente y su esposa le compraron a la empresa de García Arrabal tres pisos, con sus garajes, por importe de 703.000 euros.
Enrique Legerén obtuvo cinco concesiones para aparcamientos y diversos contratos de mantenimiento y obras con el Ayuntamiento.