El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo ha citado a declarar como investigados a los siete miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo que adjudicaron el servicio de basuras a la empresa Sufi en 2007, por un presunto delito de prevaricación.
La providencia del juzgado, que ha sido adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso Efe, concreta que José Manuel Molina, el que fuera alcalde de Toledo desde 1987 hasta 1991 y desde 1999 a 2007 y presidente del PP de Castilla-La Mancha desde 1986 a 1999, ha sido citado a declarar el 22 de febrero de 2017.
Ese mismo día que está citado el extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo, Lamberto García Pineda. También declarará ese día el que fuera concejal de Participación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Toledo en ese mandato, Fernando Sanz Domínguez.
El 1 de marzo declararán como investigados la que era concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Toledo, María José Rivas; el que fue concejal de Deportes en ese mandato, Fernando Fernández Gaitán; la concejala de Urbanismo, María Paz Ruiz González, y el que fue concejal de Cultura, Fernando Cirujano Gutiérrez.
Todos ellos declararán como investigados, ya que estuvieron presentes en la Junta de Gobierno Local celebrada el 23 de mayo de 2007, en la que se adjudicó el contrato de recogidas de basuras a la empresa Sufi.
De hecho, este mismo juzgado ya solicitó al Ayuntamiento de Toledo que remitiera íntegramente el acta de la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 23 de mayo de 2007.
El juzgado de Instrucción número 3 de Toledo investiga esta causa después de que el juez Pablo Ruz decidiese en un auto de marzo de 2015 enviar a una juzgado de la ciudad esta parte del caso Bárcenas, tras concluir que la investigación abierta por la concesión del contrato de basuras podría ser constitutiva de un delito de prevaricación administrativa.
¿Una donación a la campaña de Cospedal?
Ruz argumentó que debía inhibirse a favor del juzgado decano de Toledo por falta suficiente de conexión con el resto del caso, ya que el propio relato del extesorero del PP Luis Bárcenas desvincula las supuestas aportaciones económicas de Sufi, filial de Sacyr, de la mecánica de funcionamiento de la caja B del PP.
Bárcenas declaró que la adjudicación del contrato de basura respondió a una donación de 200.000 euros de esa empresa para la campaña electoral autonómica de la expresidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.