Si este jueves se conocía que la Junta daba fin, según ella, a la trama paralela de contrataciones en la educación andaluza, este viernes se sabe que el sindicato SATSE, el más fuerte de la sanidad andaluza y que engloba a la mayoría de los enfermeros andaluces, denuncia que hay irregularidades en la contratación de personal sanitario por parte de la Junta de Andalucía en el ámbito de la Atención Temprana infantil.
Se une esta denuncia a la que la Plataforma de Atención Temprana y el Sindicato Médico anunciaron hace unos días. La Plataforma de Atención Temprana denunció el "amaño", el Sindicato Médico Andaluz impugnó el procedimiento en los tribunales y los médicos malagueños hablaron recientemente de "trato de favor", como contó La Razón.
Ayer, el Sindicato de Enfermería -SATSE- fue el que acusó al Servicio Andaluz de Salud -SAS- de modificar las reglas de contratación y favorecer el enchufismo mediante una convocatoria realizada a medida.
Para que quede bien claro cuál ha sido el modus operandi, digamos que la Junta quería cubrir 22 plazas de profesionales de las nuevas unidades de atención temprana, que atienden a menores con trastornos en el desarrollo de cero a seis años. Pero, para cubrirlas, el Gobierno andaluz formó privilegiadamente a los candidatos de su gusto. Para ello, organizó un curso de formación específica en atención temprana un mes antes de que el SAS pusiera en marcha la convocatoria de plazas de personal eventual -11 psicólogos y 11 pediatras- que favorecía la selección de estos elegidos.
La adjudicación de las plazas se hizo efectiva el pasado viernes y el SAS "obvia la bolsa de empleo para convocar un proceso selectivo de dudosa legalidad e inédito hasta la fecha en la sanidad pública andaluza, para adjudicar contratos temporales".
Ante esta situación, SATSE ha lamentado que el SAS y la propia Junta de Andalucía hayan utilizado un tema tan sensible y necesario como las Unidades de Atención Temprana Infantil para cambiar las reglas de contratación y abrir una puerta de atrás de acceso al sistema en un proceso que la propia Plataforma de Atención Temprana de Andalucía ha rechazado y denunciado por amaño.
La sanidad andaluza, en llamas
La indignación se ha adueñado de los usuarios de la sanidad andaluza, la inmensa mayoría de los andaluces, por unas decisiones de la Juna que han afectado a la localización de los hospitales tradicionales. De hecho, este mismo jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –TSJA– anuló la orden de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 2014 por la que unificaba los hospitales de Huelva porque reconoce, en el proceso, la Junta no estableció "negociación efectiva" con los representantes de los trabajadores afectados como denunció el CSIF.
El Sindicato al conocer la sentencia pide a la Junta que "recapacite y detenga el resto de fusiones en todas las provincias". Pero la Junta ha recordado que "el propio TSJA ha emitido ya previamente dos sentencias favorables sobre la orden que regula la unificación hospitalaria en la provincia de Granada".
Sin embargo, el pasado día 16 de octubre, 40.000 personas, según la Policía Local, se manifestaron en Granada contra la fusión del Hospital Clínico con el nuevo centro hospitalario del Parque Tecnológico de la Salud –PTS– materializada por la Junta de Andalucía y reclamaron en una manifestación el mantenimiento de dos hospitales completos. La manifestación fue convocada por la Plataforma de Trabajadores de los Hospitales de Granada.
Por su parte el PP ha desatado una ofensiva para que los ciudadanos denuncien las deficiencias sanitarias andaluzas. De hecho, ha insistido en sus denuncias tradicionales sobre listas de espera, falta de camas por habitante, la desigualdad de oportunidades de una sanidad de calidad en todo el territorio andaluz, el incumplimiento de construir nuevos hospitales y consultorios, estar a la cola en número de médicos especializados -1,4 por cada mil habitantes frente al 1,7 de la media española- y también en número de enfermeros que se sitúa en 2,71 frente al 3,04 de la media nacional.
Para ello, ha puesto en marcha una estrategia "denunciatoria" basada en los famosos WhatsApp, mediante los cuales se elaborará un registro con las malas experiencias de los andaluces con su Servicio de Salud.
Por si fuera poco, Ciudadanos exige una mayor inversión –de un 5% superior–, en la sanidad andaluza y Comisiones Obreras ha denunciado el recorte de la Junta en Sanidad por importe de más de 6.000 millones desde 2010.