La desobediencia del Parlamento catalán ha aterrizado ya en el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, competente para revisar el comportamiento de los representantes políticos autonómicos. La Sala correspondiente ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, acusada de "despreciar" los mandatos del Tribunal Constitucional, que le recordó su deber de paralizar iniciativas de ruptura con España y ni con esas frenó los órdagos de Juntos por el Sí y la CUP. El Ministerio Público le atribuye presuntos delitos de desobediencia y prevaricación, que conllevan condenas de entre seis meses y un año de prisión con inhabilitación para ejercer cargo público.
Tres magistrados acordaron este lunes la admisión a trámite, entre ellos el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, designado por el CGPJ gracias a su rigurosa oposición al separatismo. Aunque, por cuestiones de procedimiento, se ha notificado este martes, también a la encausada que se deberá someter a una serie de diligencias previas. La jueza ponente y a partir de ahora instructora, María Eugenia Alegret, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, es la misma que mandó a juicio a Artur Mas y a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta ilegal del 9-N.
"Dinamitar" el Estado
Los magistrados del Tribunal Constitucional habían recordado a Carme Forcadell su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa" separatista nacida del Parlamento de Cataluña que preside. Lejos de someterse al mandato, ha permitido el buffet libre de atrevimientos para la ruptura con España que plantean sistemáticamente Juntos por el Sí y la CUP.
La Fiscalía sostiene que Forcadell "posibilitó la aprobación de una resolución que de manera expresa trata de desvincular a las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña del sistema constitucional, dinamitando el sistema de distribución de competencias establecido en la Constitución". Considera que ha adoptado acuerdos "claramente contrarios al ordenamiento jurídico" y con "total desprecio a la Constitución".
La admisión a trámite del TSJ recoge la sucesión de hechos que señaló el Tribunal Constitucional y que han desembocado en la apertura de la vía penal. Nacen de la sentencia de 2 de diciembre de 2015 que declaró nulo el inicio del "proceso rupturista" y la posterior desobediencia de Forcadell, que contaba con un aviso previo y expreso. La Abogacía del Estado, representación legal del Gobierno, planteó un nuevo incidente de ejecución que los magistrados resolvieron en Pleno.
El Tribunal de garantías consideró que, al dar luz verde a la denominada agenda rupturista, el Parlamento de Cataluña "elude los pronunciamientos" e "ignora las advertencias" previamente acordadas. En lo que se entiende una referencia directa a las reacciones de los separatistas, los magistrados aclararon que el desafío tiene "efectos jurídicos propios y no meramente políticos", pues implica "el reconocimiento en favor del Parlamento o del pueblo de Cataluña de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución".
El "proceso constituyente en Cataluña, dirigido a la creación de un Estado catalán independiente en forma de república", añadieron, entra en contradicción con la primacía de la Constitución de 1978 y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Con una reflexión contigua: que la autonomía parlamentaria tampoco puede "servir de pretexto" para que la Cámara autonómica "llegue a arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional".
El Constitucional cree que existió desobediencia, como resulta evidente y como manifestaron entre otros José María Espejo-Saavedra desde Ciudadanos. El Pleno determinó que la sucesión temporal de los acontecimientos desvela la "pretensión" de la Cámara autonómica de "incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional". Forcadell lo ha consentido elaborando la orden del día en el Parlamento catalán a medida del bloque rupturista.
"Lo volvería a hacer sin duda"
Lejos del arrepentimiento, Carme Forcadell respondió a la maniobra del Constitucional declarando que hizo "lo que tocaba y lo volvería hacer sin duda". Además, acusó al Gobierno central de tratar de frenar el proceso soberanista con amenazas. "No conseguirán frenarnos ni atemorizarnos ni coartarnos la libertad de expresión".