En abril de este año, Ciudadanos, el partido que dirige Luis Salvador en Granada, exigió la dimisión del alcalde popular de la ciudad, José Torres Hurtado, que obtuvo la mayoría relativa en las elecciones municipales de 2015, por estar investigado en un caso. Recuérdese que asimismo pidió la dimisión y el cese de sus escaños de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros en el caso ERE.
Ahora, es el alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca, apoyado por Ciudadanos, el que está investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Habrá que ver si su comportamiento es coherente y exige su retirada inmediata del cargo.
En abril de 2016, Ciudadanos protagonizó un escandaloso corrimiento político hacia la izquierda. Primero, admitió que hubiera otro alcalde del PP que no fuera José Torres Hurtado y, cuando este dimitió, se retractó e hizo alcalde de Granada al socialista Francisco Cuenca, amigo de Luis Salvador, líder de Ciudadanos en la capital, que procede, precisamente, del PSOE de Granada.
A pesar de las dudas que suscitaron las espectaculares detenciones de Torres Hurtado y su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y las fuentes que dieron origen a las denuncias, Ciudadanos se mantuvo inflexible y, aunque el PP fue el partido más votado en la ciudad de La Alhambra, decidió apoyar un gobierno socialista.
El lunes se conoció vía agencias que, en un comunicado de prensa, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado de que un juez ha citado a declarar el próximo día 12 de diciembre al actual alcalde de Granada por sus actuaciones como delegado provincial en Granada de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía en los años 2010 y 2011. Las otras nueve personas investigadas, también altos cargos en su día de la Consejería de Economía en las ocho provincias andaluzas, han sido citadas a declarar durante los próximos meses de noviembre y diciembre.
Ha sido el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, quien ha citado a declarar como investigadas a diez personas, entre ellas Francisco Cuenca, dentro de una investigación abierta en 2013 sobre la adjudicación por parte de la Junta de contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social, "pudiendo de este modo haber usurpado de sus funciones públicas a los funcionarios que por ley tienen atribuidas estas labores".
Para el mismo día 12 de diciembre, el juez ha citado también a Ana María Barbeito Carrasco, quien fue directora general de Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Economía, y quien ya prestó declaración como investigada. Además, están investigados los que en ese momento ocupaban el cargo de delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Almería, Málaga, Cádiz y Granada, así como los jefes de servicio de Huelva y Córdoba.
La causa se inició a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que solicitó al juez investigar unos hechos en los que se podrían haber incurrido en los posibles delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación.
Lo que se dilucida es si contratar a particulares desde la Consejería de Economía para realizar labores exclusivas de funcionarios, es incurrir en tales delitos. Además, "se están estudiando las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales -como es el contrato menor que puede ser de adjudicación directa- alterando el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia", explica el Alto Tribunal Andaluz. En el nuevo auto, el juez solicita además que se lleven a cabo nuevas diligencias y archiva provisionalmente la investigación respecto a un contratista y a una funcionaria.
Dado que Ciudadanos ha sostenido que un investigado por la justicia tiene que dimitir de sus cargos, y eso fue lo que exigió a Torres Hurtado e Isabel Nieto, ambos alcalde y concejal del PP por ser investigados, se espera ahora que haga lo propio con el actual alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca.