La baja maternal de Celia Mayer frena la aprobación de la polémica Oficina Antifraude de 'Ahora PSOE'

El reglamento de la Oficina Antifraude, que había fracturado en dos al Ayuntamiento de Madrid y que cuenta con el rechazo frontal de todos los sindicatos (UGT, CCOO, CSIF) y también de la Asociación contra la Corrupción y la Regeneración Social (ACCORS), no será aprobado esta semana. Ahora Madrid ha decidido en Junta de Portavoces retirarlo del orden del día del Pleno al no poder sacarlo adelante.

El motivo, no es la falta de consenso sino la baja por maternidad de la delegada de Cultura, Celia Mayer. La semana pasada el Consistorio informó en una nota de prensa que hasta el 20 de enero será la alcaldesa quien sustituirá a la edil. Manuela Carmena "estará apoyada en todo momento por el equipo del área [de Cultura] y otros concejales del Gobierno, según corresponda". Del mismo modo, Mayer ha mostrado su voluntad de seguir al tanto de sus tareas. Pero lo que no puede hacer de momento la responsable cultural del Consistorio es votar.

Así, en aquellas proposiciones en las que no haya acuerdo entre los distintos grupos políticos se puede producir un empate técnico: 28 concejales del bloque PP-C´s (21-7) y 28 del que conforman Ahora Madrid y PSOE sin Mayer (19-9), que resolverá Carmena con su voto de calidad. Ahora bien, este mecanismo únicamente será válido a la hora de votar, por ejemplo, proposiciones presentadas por los partidos. No así para sacar adelante un reglamento como el de la Oficina Antifraude, para lo que es necesario una mayoría absoluta. Así, ante la imposibilidad de aprobar la Oficina, Ahora Madrid ha decidido retirarla. No obstante, estudia la posibilidad de que se pueda establecer el voto telemático.

"Policía política paralela"

PP y Ciudadanos son muy críticos con el reglamento aprobado en la Comisión de la semana pasada. "Los funcionarios son personas que merecen respeto y que tienen derecho a preservar su intimidad", señaló a Libertad Digital la concejal de Ciudadanos Silvia Saavedra. Éste "es un derecho que corresponde a todos los ciudadanos de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución y, por tanto, también a los funcionarios". "¿Por qué Ahora Madrid va en contra de los funcionarios?, ¿por qué no respeta su intimidad?" Y es que para la edil de la formación centrista, esta Oficina Antifraude es una medida "positiva si es regulada de forma adecuada", pero no así. "PSOE y Ahora Madrid quieren hacer de su Oficina Antifraude un tribunal político de presión a los funcionarios", que "no se merecen este trato de patada en la puerta y revisión de su ordenador" sólo por cumplir con su trabajo.

De la misma opinión es el Partido Popular. Su concejal Percival Manglano señaló que la idea inicial de crear una Oficina Antifraude "era buena". La Asociación contra la corrupción y la regeneración social (ACCORS) "habló con los grupos y la idea original estaba basada en ese modelo". Pero lo que se aprueba ahora es "una policía política paralela en este Ayuntamiento al servicio del Gobierno".

UGT, CSIF y CCOO, en contra

Tampoco está de acuerdo la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que denunció, junto al PP, el "señalamiento" a funcionarios municipales que recoge dicho reglamento. Pero CSIF no es el único sindicato que ha mostrado su rechazo a esta iniciativa. Muy duro ha sido UGT que, en un comunicado, alertó de que esta Oficina podrá "implicar o potenciar venganzas y revanchismos" entre los funcionarios municipales; "colapsar un servicio con denuncias falsas"; violar la Ley de Protección de Datos y el Derecho a la Intimidad y al Honor, e, incluso, generar una "inquisición ilógica y desproporcionada contra los empleados municipales".

El sindicato próximo al PSOE se llega a preguntar ante la posibilidad de que el director de la Oficina pueda durante sus investigaciones anular la confidencialidad de las mismas: "¿Hasta qué punto este director tiene competencia para saltarse a la torera la Ley de Protección de Datos y el Derecho a la Intimidad y al Honor?".

Por su parte, CCOO se queja de este reglamento no haya sido consensuado con los sindicatos. "Decir que se ha dialogado con las organizaciones sindicales sobre la Oficina Antifraude es faltar a la verdad", denunció su portavoz, Pedro Delgado.