Si nadie obstaculiza el mandato del Tribunal Supremo, Rita Barberá comparecerá el 21 de noviembre ya sí oficialmente en calidad de imputada en la Operación Taula, una derivada del caso Imelsa. Se adentrará en la investigación por el presunto blanqueo de capitales perpetrado en el Ayuntamiento de Valencia que ella misma encabezó al lado de las siglas del Partido Popular entre 1991 y 2015. También se le brindará una oportunidad de oro para explicar los indicios que han forzado su salida de la formación política. La tendrá incluso antes de que los miembros de la Cámara Alta se pronuncien sobre el suplicatorio o permiso para proceder contra la exlideresa.
Estamos ante un proceso peculiar y los eslabones del engranaje jurídico lo saben. Tanto que el juez que instruye esta causa por reparto en el Tribunal Supremo y que fue fiscal general del Estado con Zapatero, Cándido Conde Pumpido, ha alertado en la misma providencia del "serio riesgo de judicialización de la política" de que se "transforme el área de debate procesal en un terreno de confrontación política". Para evitar este extremo, ha impuesto al PSOE una fianza de 3.000 euros que debe pagar para seguir ejerciendo la acusación popular.
Se cumplen los deseos del juez Víctor Gómez que conduce el caso desde el Juzgado de Instrucción nº18 de Valencia. Fue quien describió los indicios de que concejales y funcionarios del Ayuntamiento habían recibido sobres con 1.000 euros –en dos billetes de quinientos– de dinero negro que luego blanqueaban o lavaban con una donación a cuentas del Partido Popular. Se trata de una técnica que recibe el nombre de pitufeo o smurfing y que mantiene imputadas a 47 personas más el propio PP.
Desarrollo de la investigación
El pitufeo o smurfing es una técnica extendida para el blanqueo de capitales. Consiste en reunir a muchas personas para que efectúen transferencias bancarias en pequeñas cantidades a diferentes cuentas. Reciben dinero negro en un primer momento y, al realizar los movimientos de cifras exentas de control bancario, los fondos quedan lavados. El pitufeo es también la modalidad que habrían empleado los concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia en la Operación Taula que salpica a Rita Barberá.
Al parecer, la secretaria de Barberá entregaba a los concejales y asesores del partido sobres con 1.000 euros en dos billetes de 500. Ellos lo lavaban mediante un donativo a cuentas del Partido Popular. Lo devolvían a un número de cuenta de la formación política con acceso restringido a un puñado de altos cargos que recibió, entre el 23 de marzo y el 15 de abril, 50.000 euros en cincuenta entregas realizadas por distintos miembros del grupo municipal.
El mismo sumario recoge una serie de conversaciones telefónicas que prueban el modus operandi. En una de las grabaciones, María José Alcón, exconcejal en el Ayuntamiento valenciano, se lo explica a su hijo: "Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total. Me deban dos billetes de quinientos". En un momento en el que el vástago responde incrédulo, la exedil añade: "Ellos tienen mucho dinero negro. De empresas del partido, comisiones, corrupciones. Es un dinero que no pueden aflorarlo". A continuación, Alcón admite que ese dinero lo ha recibido de García-Fuster y que lo ha devuelto "con una transferencia bancaria y se blanquea".
La conversación con Vicente Burgos Alcón termina con una reflexión de madre a hijo: "Como tú me dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción".
Razonamientos del Supremo
El auto del Supremo que encausó a Barberá destacaba los siguientes indicios en relación a la implicación de la exdirigente popular:
"María Rita Barberá fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada".
"María Rita Barberá ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, María del Carmen García Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, existiendo, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada".
"A juicio de este instructor, las alegaciones efectuadas por la aforada, no introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicación, a los efectos de elevar al Tribunal Supremo".
"Debe significarse sin embargo que, en sus declaraciones, ni las investigadas que han reconocido la recepción del dinero tras efectuar la aportación, ni los cuatro testigos que se negaron a efectuarla, ni nadie testimonia una participación concreta, personal, de Rita Barberá en la entrega del dinero, ni en la propuesta o indicación".