Un juez permite a la sanguinaria etarra 'Tigresa' salir de prisión
Condenada a más de 2.000 años por 23 asesinatos como miembro del grupo Madrid de ETA, Idoia López Riaño disfrutará ahora de un permiso penitenciario.
El juez Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha autorizado el permiso de tres días que concedió a la histórica etarra Idoia López Riaño, la Tigresa, y que le permitirá salir de la cárcel de Nanclares de Oca (Álava), donde cumple condena.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, se trata de uno de los permisos que el juez le ha concedido previamente y que ahora se ejecuta una vez comprobado que en el lugar en el que pasará esos días no viven víctimas de la banda terrorista. La decisión del juez cuenta con el informe favorable del fiscal, han añadido las fuentes.
Mientras, fuentes de instituciones penitenciarias han recordado a Efe que este organismo siempre ha informado desfavorablemente sobre la concesión de cualquier permiso penitenciario para la etarra, y asimismo han subrayado que el juez de vigilancia penitenciaria no les ha informado de su decisión.
El juez José Luis Castro concedió un permiso ordinario de tres días a López Riaño en contra de lo acordado por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario el pasado mes de abril, apoyándose en el informe del fiscal.
Entonces, se dijo que López Riaño "se apartó hace tiempo de la organización terrorista ETA por no estar de acuerdo con sus métodos" y que había cumplido las tres cuartas partes de la pena, así como su buen comportamiento.
El juez estableció entonces que, mientras durara el permiso, López Riaño debía personarse diariamente en la comisaría más próxima a su domicilio y, antes de ser ejecutado, debía comprobarse que en "el lugar de disfrute no tenga posibilidad de coincidir con las víctimas" de sus atentados "o familiares de éstas", algo que ya se ha comprobado. López Riaño ya salió de la prisión anteriormente para obtener el permiso de conducir.
Exintegrante del grupo Madrid de ETA, la Tigresa ha sido condenada a numerosas penas, entre ellas a una de 1.572 años de prisión por el atentado perpetrado en 1986 por la banda terrorista en la Plaza de la República Dominica de Madrid, en el que murieron doce guardias civiles.
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