Al presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, sólo le queda un escollo por salvar para poner en práctica el nuevo calendario y procedimiento del proceso separatista. Se trata de los presupuestos autonómicos, unas cuentas que motivaron la moción de confianza por el rechazo de la CUP y que se tienen que renegociar con los antisistema. Puigdemont ha insistido en que sin presupuestos, convocará elecciones, pero esa parece ya una "pantalla superada", según la jerga nacionalista.
En el nuevo relato separatista, finales de septiembre del próximo año es el plazo límite para convocar un referéndum "vinculante" con la pregunta: "¿Quiere usted que Cataluña sea un estado independiente?". Quien pase del cincuenta por ciento gana y no hay mínimo de participación. El aval lo garantizaría una comisión de seguimiento en Cataluña (un nuevo "chiringuito" político a decir de Ciudadanos y PP) y un panel de expertos internacionales en transparencia y procesos electorales. En definitiva, lo del 9-N de 2014, pero con más medios y observadores "neutrales" de prestigio.
Entre tanto, el parlamento seguirá tramitando leyes de desconexión, de transitoriedad jurídica e instando a procesos de participación para elaborar la futura "Constitució". El ejecutivo, por su parte, se aplicará en la arquitectura formal del referéndum, encargo que Puigdemont ha trasladado a Oriol Junqueras y el "ministro" Raül Romeva, el agente internacionalizador del proceso.
Más que en ese calendario -que también contempla que seis meses después del referéndum, en marzo de 2018, se celebrarían las elecciones constituyentes de la flamante "República de Catalunya"-, la mirada de los partidos separatistas está puesta en las instituciones judiciales, pues están convencidos de que los requerimientos del Tribunal Constitucional y los juicios en el TSJC y el Supremo de sus ídolos caídos -Mas y Homs- revitalizarán a las bases e incluso arrastrarán a más electores hacia el independentismo.
La sombra de una inhabilitación de Carme Forcadell es la punta de lanza de la estrategia para ampliar su respaldo social, así como la reedición del España nos roba, la "baja calidad democrática" del Estado o la que se denomina "Operación Cataluña", una teoría nacionalista que atribuye todos los casos de corrupción en Cataluña a las cloacas del Estado y la mano negra de la Justicia.
Con ese material más la previsión de un Gobierno débil en Madrid pretenden avanzar hacia la ruptura con el resto de España la nueva Convergencia, el Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PDEcat), ERC y la CUP.