Cabecean en los Tribunales algunos de los muchos procesos abiertos contra los abanderados del desafío separatista catalán. Ocurrió este jueves en doble ración con el visto bueno del Constitucional a la apertura de causa penal contra Carme Forcadell y el suplicatorio del Supremo para procesar a Francesc Homs, y se reproduce este viernes con una iniciativa desde la Fiscalía. La representación del Ministerio público en la Audiencia Nacional ha pedido al juez de instrucción Ismael Moreno que cite como imputado a Joan Coma por un presunto delito de incitación o provocación a la sedición.
Coma es un concejal del Ayuntamiento barcelonés de Vic, un lugar patrocinado por los rupturistas. Este individuo no solo defendió la denominada "declaración independentista" que se pronunció en el Parlamento de Cataluña el 9 de noviembre de 2015, días después de que el Tribunal Constitucional la anulara, sino que ahondó en la superación de los límites. Solo hay que consultar su discurso por la moción contra la Justicia:
"Dejemos de supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las instituciones españolas, en particular a las decisiones del Tribunal Constitucional que considera falta de legitimidad y competencia". Después añadió: "Desobediencia es lo que venimos reclamando desde hace tiempo. Nosotros siempre hemos dicho que para hacer una tortilla habrá que romper los huevos, y esta declaración significa un paso adelante hacia la república catalana"
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un escrito ante del juez de la Audiencia Nacional porque entiende que estas manifestaciones incitan a "impedir fuera de las vías legales la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional". Según el representante del Ministerio Público, se cumplen los requisitos del delito de sedición: que el autor de las mismas sea una autoridad, que se hayan proferido de manera pública y que llamen expresamente a la desobediencia a resoluciones judiciales.
Llama la atención porque el delito de sedición está castigado en el Código Penal con entre 10 y 15 años de cárcel. Persigue "el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, el legítimo ejercicio de sus funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales". En casos aparentemente más flagrantes como los de Artur Mas, dos de sus exconsejeras y Francesc Homs, la desobediencia al Constitucional en la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 les puede costar a lo sumo una condena de inhabilitación.