Los argumentos de Rodrigo Rato en su hora y media de declaración por las black no se han alejado de los que esgrimió su antecesor al frente de Caja Madrid, Miguel Blesa. El exvicepresidente del Gobierno, uno de los 65 acusados por las tarjetas expedidas "sin contrato y opacas a Hacienda", según Fiscalía Anticorrupción, entiende que la práctica es "perfectamente legal" y generalizada en otras entidades.
"Que el Consejo de Administración de Caja Madrid y la Comisión de Control tuvieran además de las dietas una retribución, un incentivo, era perfectamente legal. Era equiparable u homologable a lo que ocurría en el resto del sector, en el que había dietas de existencia e incentivos a los miembros de los órganos. En ese sentido, yo lo consideré perfectamente legal y lo sigo considerando", según Rato.
Se esfuerzan en remarcar que el saldo de las tarjetas que gastaron los acusados -12 millones de euros en gastos personales; entre 1999 y 2012- formaba parte de la remuneración de los exdirectivos, no en concepto de dietas. Por eso no tenían que justificar los extractos. Y por otro lado, en que las cuentas de Caja Madrid y Bankia se sometieron a la auditoría de peritos internos, externos y del Banco de España, que nunca alertaron de irregularidad alguna.
Rato, que se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel, ha explicado que el comité de retribuciones fijaba el salario de los exaltos cargos imputados y las cantidades a disponer mediante las tarjetas: "En ningún momento percibí que hubiese un problema fiscal, regulatorio o de ningún tipo". Fiscalía pide también para el exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía una indemnización a Bankia y en su defecto al FROB de 2.6 millones euros, correspondientes a las cantidades dispuestas durante su mandato, entre febrero de 2010 y mayo de 2012, por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó. En su caso particular, gastó 99.000 euros con su black.
"No tuve motivos para dudar de que no fuera parte de mi salario", ha alegado Rato. El exgerente del Fondo Monetario Internacional ha precisado que los gastos de las black se incluían en una cuenta muy concreta del balance: "Podemos discutir qué criterio tenía la Agencia Tributaria. Pero había sido una cuenta por la que la inspección fiscal preguntaba a menudo. Yo sostengo que los gastos son legales y, por tanto, deducibles. Sería deseable que la Agencia Tributaria estuviese aquí para explicarlo".
En cualquier caso, ha añadido, todos estos datos los conoció durante la instrucción. Rato ha querido desligarse de la cuestión en el momento del supuesto ilícito: "Nunca supe cómo se contabilizaba esa tarjeta porque Caja Madrid contaba con unos departamentos muy grandes, unas auditoras y la presencia constante del Banco de España". Considerada la insistencia en este sentido, el fiscal le ha pedido que no depositara responsabilidades a órganos dependientes e inferiores jerárquicos.
Etapa en Bankia
El fiscal Alejandro Luzón ha dirigido el interrogatorio hacia una pregunta: ¿por qué se volvieron a emitir las tarjetas black cuando Caja Madrid se convirtió en Bankia? Según Rato, porque eran una "fuente de liquidez, igual que las transferencias, una fuente de retribución ya establecida". Se ha vuelto a escudar en el visto bueno del director financiero, el exsecretario de Estado de Hacienda Ildefonso Sánchez Barcoj, que se juega dos años de cárcel y gastó con su plástico 575.000 euros.
"Yo sabía cuáles eran mis límites. No recuerdo las cantidades, pero en cualquier caso no eran significativas", ha reflexionado el exministro. También ha distinguido entre las black de Caja Madrid y de Bankia. En Caja Madrid sí había una parte variable por incentivos. En cambio, en Bankia las cantidades eran fijas y, por consiguiente, las cantidades gastadas con la tarjeta iban contra la retribución ya establecida. Rato insiste en que se aprobó la emisión de estas tarjetas tan sólo como una fuente de liquidez del salario.