La Fiscalía sólo pide nueve años y medio de inhabilitación para Artur Mas por el 9N

No entrarán en la cárcel, se enfrentan a lo sumo a la inhabilitación. La Fiscalía ha entregado el escrito de acusación en uno de los episodios de desobediencia más evidentes entre los perpetrados por los separatistas: la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. El Ministerio Público pide para el expresidente Artur Mas la pena más alta, nueve años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de gobierno. En los otros dos casos instruidos desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -Homs está en el Supremo por aforado nacional- los de la entonces vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, reclama nueve años

Los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres acusan a Mas de desobediencia grave en calidad de autor y de prevaricación por la organización del referéndum rupturista, suspendido cinco días antes por el Tribunal Constitucional. Atribuyen los mismos tipos a Ortega y Rigau en calidad de cooperadoras necesarias. Pero ni rastro de malversación de caudales públicos, el única delito de los que se barajaban que conlleva castigos de prisión. Según el artículo 432 del Código Penal:

"La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años".

Desafío completo

Fiscalía entiende que Más desplegó "una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión" de la consulta separatista que había acordado el Constitucional. "Eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones" del Tribunal de Garantías, recoge el escrito.

En cuanto a las actuaciones personalizadas, la acusación pública sostiene que Mas, "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad", no paralizó la votación suspendida. Ortega, como vicepresidenta del Gobierno catalán, coordinó e impulsó las actuaciones con los voluntarios; mientras que Rigau se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de Enseñanza para garantizar que los Institutos abrieran y acogieran las urnas.

Reacciones

Se han sucedido a lo largo del día las reacciones. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido vía Twitter a sus colegas del bloque rupturista: "Su vergüenza es nuestra fuerza. No estáis solos". También se ha sumado a la réplica una de las acusadas. Joana Ortega, que ha calificado el escrito de la Fiscalía como "inédito en el mundo".

Desde Podemos, en otra muestra de afinidad con el separatismo, han manifestado en redes sociales que "¡Poner las urnas no puede ser un delito!". El diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, no se baja del desafío: "No descarrilaremos". Y tampoco lo hace el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, que ha criticado lo que paradójicamente considera "alergia sistemática" a la democracia del Estado español y de las instituciones.