Miguel Blesa ha empleado sus dos horas redondas de declaración en defender una idea: "Tengo la plena convicción de haber actuado siempre legítimamente". El expresidente de Caja Madrid, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel, ha acaparado los focos en la tercera sesión del juicio de las black. Una jornada que arrancaba con la resolución de las llamadas cuestiones previas. En bloque, los acusados intentaron tumbar la principal prueba en su contra, un listado de los gastos efectuados con sus tarjetas, que tacharon de "chapuza", acusando a Bankia de haberlo obtenido indagando de forma irregular en los correos electrónicos. El Tribunal, ha rechazado esta pretensión con el beneplácito de la Fiscalía; al igual que la expulsión de las acusaciones.
De los 65 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia que componen el banquillo por una supuesta apropiación indebida de 12 millones de euros, Miguel Blesa ha inaugurado la fase de declaraciones. El banquero, propuesto por el Partido Popular, habría autorizado el uso de las tarjetas black por lo que, además de la pena de cárcel, se pide para él una indemnización de 9.3 millones de euros a Bankia, el dinero que gastaron los exaltos cargos durante su mandato. Días antes del arranque de este juicio, Blesa devolvió los 436.600 euros que extrajo de su plástico particular.
Remuneración para dignificar
Desde el minuto uno hasta la prórroga, Miguel Blesa ha insistido en que la tarjeta black formaba parte de la remuneración de los miembros de Caja Madrid, posteriormente de Bankia, para dignificar su trabajo en las entidades. Ha admitido que, como presidente hasta 2009, autorizó su uso y fijó los límites de gasto de acuerdo a la legislación vigente y fluctuante en esa época: "Las actualizaciones las decido yo y las comunico para que se tome nota para el control de ese gasto". Se refería a que aumentó el tope porque "la caja no era la misma en 1988, en 1996 y en 2000. En 1996 el balance era de 30.000 millones de euros, y en 2009 de 200.000. En tres años la caja dobló su balance y se acompasaron las retribuciones de todo orden a la responsabilidad y la caja, que ampliaba su radio de acción".
En la misma línea, ha explicado que "por motivos de seguridad, todas las tarjetas tienen un límite, si alguien tenía previsto hacer un gasto superior durante un mes o dos, pedía que el limite operativo, no la cuantía de la retribución, se aumentara. Podía gastar más en esos meses, pero no superar los límites anuales". No obstante, el fiscal Alejandro Luzón, cuyo interrogatorio ha destacado una vez más por firme, ha alegado que, en ocasiones, los acusados rebasaron el tope en un mes y no lo compensaron en los consecutivos, a lo que Blesa ha contestado que sería responsabilidad del equipo de recursos humanos, liderado por el exdirector general Ildefonso Sánchez Barcoj, que se enfrenta a dos años de cárcel.
Sobre la fiscalización
Y aunque no hay ningún delito fiscal sobre la mesa, ha regresado el debate sobre la evasión de impuestos. El fiscal ha preguntado si se daba información a los consejeros sobre la necesidad de declarar a Hacienda el saldo extraído de las black. Blesa ha precisado que se entregaba un extracto con sus emolumentos, pero que se enteró durante la instrucción que el dinero de las tarjetas no se incluía: "Estábamos en la creencia de que esa retención se estaba practicando", aunque, en cualquier caso, ha vertido la responsabilidad en el "responsable del área fiscal".
Según Blesa, los auditores manejaban "suficientes pistas" o documentos que acreditaban que las tarjetas eran un complemento retributivo, por eso no habían de justificar los gastos. Y en este punto, ha defendido esta práctica por generalizada en el sector bancario y empresarial. Para terminar, ha hablado sobre los consejeros que usaron la tarjeta tras el cese: "En el momento en que se sale de la caja, la tarjeta debe ser anulada, si ha habido casos en que ha permanecido activa lo desconozco, lo he sabido después".
Blesa ha culminado su intervención con una reflexión en voz alta. "No me planteé la ilegitimidad y había unos servicios que me podían haber advertido de que tal o cual decisión chocaba con los estatutos. Tengo la plena convicción de haber actuado legítimamente". El juicio se reanuda el próximo martes con la declaración de Rodrigo Rato, expresidente de Bankia que se enfrenta a 4 años y medio de cárcel.