Recalificaciones, adjudicaciones irregulares... la mayor trama de corrupción aragonesa ha concentrado la práctica totalidad de los delitos relacionados. Nació en 2009 con la denuncia de una concejal del Partido Popular, creció como la la denominada Operación Molinos y ha culminado este jueves con una sentencia que acumula penas globales de 150 años de cárcel.
La condena más alta recae en la persona que dirigió el Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), el epicentro de esta red, entre 1987 y 2011. Nada menos que 24 años, en su mayoría bajo las siglas de CDS, posteriormente como representante del Partido Aragonés y, en último tramo, como independiente. María Victoria Pinilla, en prisión provisional entre marzo y juilio de 2009, cumplirá 17 años de cárcel con una multa de 9.9 millones de euros y 78 años de inhabilitación para cargo público.
La primera operación policial, que trasladó al municipio a un centenar de agentes, se saldó con la detención de la exregidora, su marido, y un puñado de concejales, funcionarios y empresarios. Siete años de investigación han permitido a la Audiencia Provincial de Zaragoza dictar una sentencia que considera probados una retahíla de delitos en su mandato: prevaricación, cohecho pasivo, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, contra la hacienda pública y fraude de subvenciones.
Red de corrupción
El sistema de corrupción se fraguó durante el boom inmobiliario en Aragón. En concreto, el municipio de La Muela pasó de 800 a cerca de 5.000 habitantes en veinte años. La "reina del viento", nombre con el que se bautizó a Pinilla, buscó el beneficio en los importantes parques eólicos que funcionaban en la zona y, a partir de ahí, se ayudó de sus familiares para amañar consecutivas operaciones urbanísticas.
Se constituyeron con esta finalidad la la Sociedad Urbanística de La Muela, que presidía la alcaldesa con tendencia urbanística, y la empresa Aranade, de Julián de Miguel, otro de los principales responsables. Según la Fiscalía, suscribieron contratos con el Ayuntamiento con "total omisión de trámites esenciales del procedimiento, desbordando de forma evidente la legalidad, en abierta y patente contradicción con el ordenamiento jurídico y desprecio a los intereses generales".
María Victoria Pinilla eligió no declarar tampoco en el juicio. Únicamente hizo uso del turno de última palabra, antes del visto para sentencia. Aunque reconoció "errores humanos" siempre proclamó su inocencia: "La envidia en este país es la más traicionera y la peor enfermedad que pueda tener persona alguna". Y defendió también su gestión política con la frase que acaparó titulares: "Nunca he vacilado en llamar por teléfono a la puerta de quien pudiera ayudarme, es una de las obligaciones de un alcalde, ocuparse de sus vecinos, no solamente ponerse la banda en las fiestas del pueblo".
De familia
La sentencia ha repartido 150 años de cárcel entre los 36 acusados que conformaban el banquillo. El juicio, que arrancó el pasado 15 de diciembre y duró tres meses, también ha acreditado la implicación del entorno de Pinilla. Quien fuera su marido, Juan Antonio Embarba, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía: tres años de prisión por delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales con multas de casi 3,8 millones. Sus hijos Víctor, Jorge y Juan Antonio pactaron con el Ministerio Público penas inferiores a los dos años -no ingresaran en la cárcel por no cumplir el mínimo efectivo- con multas que en el caso más cuantioso alcanzan los 650.000 euros.
La hermana de Pinilla, su primo... muchos colaboraron en una red que ha consumido 85.000 folios de sumario y 300 más de sentencia.