Después del presunto líder Francisco Correa, no hay nadie que se juegue más que Pablo Crespo en el caso Gürtel. Si nada cambia, a partir del próximo 4 de octubre se enfrenta a 85 años y seis meses de cárcel por la Época Primera. Había que sumar 64 años en la pieza de Boadilla y 37 más por el amaño de contratos en la visita del Papa a Valencia en 2006.
Además de exdirectivo del PP fue el número 2 de Correa. La persona que, según el antiguo instructor de la trama, Pablo Ruz, desarrolló una red de corrupción arraigada en el partido que sacaba comisiones por adjudicaciones públicas, organizaba eventos y ocultaba fondos en el extranjero. Y, desde la semana pasada, aprieta para retrasar su cara a cara con la Justicia.
Solicitó la recusación de José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que compondrán el Tribunal. El presunto cabecilla puso en duda su imparcialidad por ser amigo de Baltasar Garzón, primer instructor -antecesor de Ruz- apartado de la judicatura por una denuncia del propio Crespo, a quien grabó conversaciones en prisión de forma ilegal para impulsar la investigación.
Como segundo argumento, señaló vínculos de la hija del juez de Prada con un bufete que ejerce acusación en el caso Bárcenas. El extesorero del PP, que también se sentará en el banquillo por la Época I, se ha adherido al incidente de recusación presentado en la Audiencia Nacional. Lo ha hecho este miércoles, justo el día que vence el plazo para que la Fiscalía y el resto de las partes en el procedimiento apoyen o se opongan a la idea.
Por imperativo legal, la Audiencia Nacional habilitó un plazo de tres días. Crespo pidió también que se retrasara el juicio porque no existe, según él, tiempo material para resolver la recusación de forma adecuada. Sin embargo, según fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por este diario los magistrados no barajan la posibilidad de posponer el arranque de la vista.