El descomunal desconcierto del caso fue originado por el anuncio clandestino y oficial al tiempo surgido del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es María Núñez Bolaños, de que la pieza "política" del caso del fraude más importante ocurrido nunca tras el de los ERE, iba a ser archivada. El anuncio se produjo en plena campaña electoral aportando un alivio a Susana Díaz y a las candidaturas socialistas. Pues bien, la Fiscalía Anticorrupción, como se esperaba, ha solicitado ya dicho archivo y este no tardará en llegar.
Se cumple así la profecía que la juez Alaya incluyó en su famoso escrito elevado al Consejo General del Poder Judicial Tribunal antes de ser apartada definitivamente de las macrocausas que instruyó desde su juzgado.
En aquel duro informe, elaborado para tratar de mantener bajo su control las macrocausas - ERE, formación, avales -, cuya instrucción inició y desarrolló hasta su defenestración definitiva, la juez Alaya pronosticó que el troceo del caso de la formación conduciría a dar relieve a los árboles perdiendo de vista el bosque y su consecuente tratamiento, no como trama organizada para delinquir como en el caso de los ERE con procedimientos similares, sino como acumulación de irregularidades administrativas.
Lo dijo de este modo: "La división de los cursos respecto de la investigación de la Delegación provincial de Empleo y el servicio central pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas". Clavado. Y es la misma Fiscalía Anticorrupción la que vio prevaricación-malversación en el caso ERE la que ahora no los ve en el caso de la formación.
La Fiscalía y la juez, de acuerdo en sobreseer
La misma Fiscalía que ha desarrollado la acusación de la "trama política" en el caso ERE por la que ha pedido penas de cárcel y de inhabilitación para más de 20 altos cargos de la Junta, dos ex presidentes y varios consejeros entre ellos, en un escrito dirigido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, solicita el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por la concesión de subvenciones públicas para cursos de formación por parte de la intervención de la dirección general de Formación y de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
La petición de la Fiscalía, según han dicho fuentes judiciales a la agencia EFE, se basa en que, tras las investigaciones practicadas, y las distintas declaraciones recibidas a lo largo de la instrucción, no ha quedado acreditada la existencia de un delito de prevaricación por parte de los altos cargos investigados.
Lo explica así: "Las resoluciones de exoneración o exceptuación (esto es la autorización masiva para no justificar los gastos de los cursos de formación antes de recibir nuevas subvenciones… dictadas por los consejeros imputados, no son constitutivas de prevaricación. Pero curiosamente añade que "podrían ser acertadas o no, nulas o no, incluso contrarias a la ley, sobre todo la manera en que se hizo, pero desde luego no constitutiva de delito alguno".
Dicho de otro modo, decisiones que permitieron el llamado fraude de la formación y que algunos interventores han calificado abiertamente de malversación y, por supuesto, de irregularidades por racimos, no obedeció a una decisión política organizada.
Los sumarios abiertos y el primer juicio
Hay 18 sumarios abiertos en diferentes juzgados de Sevilla y otras provincias en este caso y en el primero de ellos, el caso Sivianes que adelantó en exclusiva Libertad Digital hace a finales de 2012 y sobre el que se ha dictado apertura de juicio oral, la juez pide importantes penas y define la existencia de una trama.
En su auto, la juez Patricia Fernández señala con claridad la existencia de unos delitos que han sido posibles gracias al sistema organizado por la Junta de Andalucía para repartir ayudas y subvenciones, sistema que permitía cobrar el 75 por ciento de las subvenciones al principio y permitía que los beneficiados no tuvieran que justificar los gastos.
Según el auto, este entramado de empresas "no estaban obligados a aportar a la administración las facturas sino sólo obligados almacenar las mismas y, a presentar, simplemente, un informe de auditoría externa –limitado a una comprobación formal– que ellos mismos pagan con cargo a las subvenciones obtenidas".
Hasta tal punto pudo tener lugar un fraude amparado por la Junta que la administración andaluza pagó un 70 por ciento más de lo que realmente costaban los cursos. De hecho, por poner un solo ejemplo, "si el coste real de la hora de clase de un docente eran 20 euros, se facturaban a 80 euros", dice textualmente el auto.
Pero había habido ya otro archivo judicial en Jaén. En tal caso, la responsabilidad recaía en el juzgado de instrucción número 4 de Jaén. Pero acordó archivar la investigación sobre los cursos de formación en la provincia que se seguía contra la exdirectora provincial del SAE Irene Sabalete y otras 14 personas más, entre técnicos, jefes de servicio y jefes de departamento, al no haber encontrado "irregularidad alguna en el control que la administración realiza de la ejecución de los cursos para los que se otorgan las subvenciones".
La Comisión de Investigación ve responsabilidad política
Es otro de los desconciertos del caso. Según PP andaluz, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otro largo rosario de ex altos cargos de la Junta son políticamente responsables del fraude de la formación, Juan Marín, líder de Ciudadanos, llegó a hablar de una responsabilidad "brutal". PP, Podemos e IU igualmente ven implicada en el caso y políticamente responsable a la propia Susana Díaz, a la que Ciudadanos no menciona en sus conclusiones más que como responsable de haber tardado en resolver e investigar el caso.
Por su parte, el PSOE andaluz, en plena crisis orgánica debido a las tensiones nacionales, eleva el listón y responsabiliza políticamente al gobierno Rajoy. Consecuentemente, la mayoría absoluta del Parlamento andaluz subrayará la existencia de una trama organizada gracias a las decisiones de la cúpula de la Junta, mientras la Fiscalía sólo contemplará irregularidades administrativas.
Por ello, la Fiscalía recuerda que el archivo solicitado se refiere únicamente a la pieza separada de la causa de los cursos de formación en la que se investigaban las relaciones ente la dirección general de formación y las distintas delegaciones provinciales del SAE sobre las subvenciones concedidas.
Quiere dejar claro que continúan abiertas piezas separadas en las que se investigan las subvenciones concedidas a entramados empresariales y consorcios, como los del exconsejero Ángel Ojeda o el exdirigente socialista Rafael Velasco.