Puigdemont prepara movilizaciones callejeras y otro 9-N para el próximo verano

Referéndum unilateral, tal como el 9-N de 2014, pero acompañado del calificativo "vinculante". Carles Puigdemont, el sucesor de Artur Mas, trabaja con un calendario en el que el próximo verano será decisivo para culminar el denominado "proceso". Pretende que la "ley de transitoriedad jurídica" que preparan Junts pel Sí y la CUP, con el auxilio legal de Carles Viver Pi-Sunyer al frente del "Institut d'Estudis de l'Autogovern", sirva para que el próximo referéndum no sea un calco del anterior, una performance cuyas consecuencias legales se dirimen ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y en el Tribunal Supremo (TS).

Debate interno en Convergencia

ERC contempla las especulaciones de Puigdemont con escepticismo, en gran medida por la situación interna de sus socios de gobierno. Convergencia funciona con un nombre provisional, el Partit Demòcrata Català (PDC), y en su seno hay una división entre los partidarios del dicho referéndum y quienes apuestan por unas nuevas elecciones autonómicas con carácter "constituyente", otro epíteto de difícil concreción legal.

Por una parte, la coordinadora de la formación y número dos, la joven diputada Marta Pascal, el tres, David Bonvehí, el consejero autonómico Josep Rull y el portavoz de Junts pel Sí Jordi Turull, están a favor del nuevo intento de referéndum. En contra, el presidente del partido, Artur Mas, y los consejeros de Cultura, Santi Vila, de presidencia, Neus Munté, y de Interior, Jordi Jané, quienes apuntan a las derivadas judiciales de una nueva intentona.

Jané, al frente de los Mossos d'Esquadra, es quien más teme las consecuencias de aplicar los criterios de desobediencia que preconizan la CUP, ERC y el sector más radical del PDC, un partido en el que ya se habla abiertamente de dos sectores: "rupturistas y moderados". De la selección de cuadros y dirigentes locales, que ya está en marcha, se derivará el sesgo del partido.

Estrategia de provocación

Puigdemont, pese a haber mostrado su intención de no presentarse a unas próximas elecciones autonómicas, pretende cerrar su mandato con Cataluña a las puertas de la independencia, a falta del paso final y la desconexión definitiva con el resto de España. A tal efecto, el presidente de la Generalidad prepara un programa de movilizaciones callejeras al albur de una hipotética inhabilitación de la presidenta del "Parlament", Carme Forcadell, por el pleno del pasado julio en el que se aprobó la "hoja de ruta" separatista de la CUP fruto de la comisión del "proceso constituyente". También agilizará la elaboración de leyes de la hipotética república catalana con la finalidad de provocar una reacción del Gobierno y de los tribunales y facilitar de este modo una cadena de convocatorias populares.

En ese contexto, el referéndum "vinculante" formaría parte de la estrategia de la provocación con la que Puigdemont quiere reflotar el "proceso" después de cinco años de muchas promesas independentistas y ninguna realidad concreta. Confía también en la inestabilidad del marco político nacional y en la posibilidad de que los socialistas acepten hablar de un nuevo "encaje" de Cataluña para socavar el frente constitucionalista. De hecho y en Cataluña, el PSC ya ha abandonado la línea de entendimiento con el PP y Ciudadanos y apuesta sin ambages porque Pedro Sánchez busque el apoyo de convergentes y republicanos para desplazar a Rajoy del Gobierno.

El punto de partida de este nuevo proyecto separatista será el próximo miércoles 28, fecha de la moción de confianza a la que Puigdemont llega con el apoyo garantizado de la CUP, pero sin presupuestos, que se negociarán una vez el presidente de la Generalidad dé garantías de la solvencia de su plan de ruptura.