El principal sindicato de funcionarios de prisiones está preocupado por el aumento de agresiones que se están produciendo en las cárceles españolas. Los datos facilitados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) cifran en 197 los ataques sufridos por el personal de estos centros en los primeros nueve meses del año, lo que supone prácticamente que hay una agresión cada dos días. 44 de ellos son calificados como graves.
Las razones de este aumento de incidentes serían cinco, según los responsables del sindicato. El primero, la falta de personal. En estos momentos habría 3.400 plazas vacantes entre bajas vegetativas (jubilaciones, defunciones, incapacidad o excedencia) y plazas no cubiertas por la ausencia de oferta de empleo público (174 plazas entre 2011 y 2014). En los últimos tres años se habría producido una merma de 904 efectivos.
A esto se uniría el envejecimiento de la plantilla. Según datos recabados por CSIF del Registro Central de Personal, casi la mitad de la plantilla, un total 10.537 personas, tiene más de 50 años y por tanto se jubilará a lo largo de los próximos 10-15 años -el personal funcionario tiene posibilidad de acogerse a la jubilación a los 60-. De estos, 1.130 personas tienen más de 60 y por tanto se jubilarán de manera inminente.
Una tercera causa sería la superpoblación. CSIF estima que aquellos centros con una población reclusa de entre el 130 y el 140 por ciento de ocupación experimentan un incremento de situaciones de violencia. En la actualidad, la media de ocupación sería de unos 150 internos por módulo de los que se ocupa uno o dos funcionarios, cuando lo ideal sería que en cada módulo hubiese unos 70 presos, según el propio sindicato.
Las dos últimas causas sería la falta de plantilla en Psiquiatría y la falta de formación específica. En torno al 45 por ciento de la población reclusa tiene alguna patología psiquiátrica y pese a ello los centros carecen de personal de psiquiatría de carrera. Únicamente habría visitas de psiquiatras 2 o 3 veces al mes. Tampoco reciben cursos específicos de formación sobre algunos perfiles de presos, como los yihadistas o los integrantes de grupos mafiosos.
CSIF ha denunciado que en el medio penitenciario no se dispone de ningún procedimiento de actuación que atienda la violencia en el medio penitenciario desde la prevención y ha reclamado la inclusión de los funcionarios de prisiones en el Protocolo de Prevención de Agresiones que se está negociando para el conjunto de las administraciones públicas, algo que también han pedido la implicación de la Defensora del Pueblo.
"Con el protocolo se pretende identificar las posibles conductas antisociales, así como la implantación de una metodología para análisis y registro de la violencia, y seguimiento de los casos, para finalizar con un diagnóstico de la situación y el aporte de las medidas de actuación", han indicado desde el sindicato.