El proceso está en punto muerto. Convergentes y republicanos no ocultan sus diferencias tanto en el seno del Gobierno regional como en el grupo parlamentario de Junts pel Sí. La asistencia a los actos de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) declina. Las arcas están vacías y la administración autonómica depende de las inyecciones de dinero público procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Pero nada impide que la Generalidad continúe adelante con sus planes de desconexión. El último, el de un carnet de identidad catalán que identificaría a los ciudadanos con derecho a voto en un hipotético proceso constituyente.
El diario del conde de Godó abre su edición digital con el anuncio de que la Generalidad ya diseña el futuro documento por medio del Institut d'Estudis de l'Autogovern, la entidad oficial que ha suplido al extinto Consell Assesor per a la Transició Nacional que ideó Artur Mas. El nuevo instituto está presidido por quien también presidía el consell, el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, expresidente del Tribunal Constitucional.
Según la información de La Vanguardia, el proyecto está "muy avanzado" e incluso tiene presupuesto: nueve millones de euros. La Generalidad pretende que el DNI catalán agrupe datos como el número de la Seguridad Social y la identificación fiscal y dé acceso a toda clase de derechos y servicios sociales que según la prédica separatista están cuestionados en el resto de España.
Este documento también reconocerá la "nacionalidad" catalana, a la que tendrían derecho los españoles residentes en Cataluña, así como los nacidos en Cataluña que residan fuera de la comunidad autónoma y quienes sean hijos de padre o madre catalanes.
Las pretensiones de la Generalidad son aportar seguridad jurídica desde el minuto cero de la "desconexión" y asegurar que los ciudadanos de Cataluña no quedarán en inferioridad de condiciones respecto a los del resto de España con el nuevo estado catalán. Según la filtración del gobierno autonómico, el instituto de Viver Pi-Sunyer considera que la adquisición de la ciudadanía catalana no tendría que suponer la renuncia a la española, por lo que los residentes en la región y quienes se adhieran a este DNI podrían tener el correspondiente español, así como dos pasaportes.