El representante convergente en Madrid, Francesc Homs, ha asegurado hoy (y ayer en el Tribunal Supremo según su propia versión) que en los días previos al referéndum ilegal del 9-N, la Generalidad recibió una oferta del Gobierno que consistía en no emprender acciones legales si Artur Mas se abstenía de participar en la rueda de prensa en la que se dio cuenta de los resultados de las votaciones.
Según la versión de Homs, fue el propio presidente de la Generalidad en aquellas fechas, Artur Mas, quien recibió una llamada de un indeterminado miembro del Gobierno en la que se le ofrecía semejante pacto. Homs se ha negado a aportar más datos ni en sede judicial ni este martes ante los micrófonos de la emisora pública de la administración autonómica, pero sí ha insistido en que el supuesto interlocutor de Mas le ofreció una salida consensuada y consistente en dotar al 9-N de un perfil bajo para evitar las posteriores actuaciones judiciales.
Pese a la presunta y generosa oferta consistente en pasar por alto el desafío al Estado a cambio de la contención de Mas, el dirigente nacionalista hizo caso omiso y se lanzó a capitalizar el "éxito total" del referéndum al cabo de la jornada en una comparecencia multitudinaria ante los medios de comunicación que culminó con el abrazo del dirigente nacionalista y el dirigente de la CUP David Fernández, que en aquellos momentos era el presidente de grupo parlamentario antisistema..
A partir de ahí se habría activado la maquinaria judicial, una secuencia que es perfectamente plausible para Homs puesto que considera que tanto jueces como fiscales actúan a las órdenes y el servicio del PP.
El dirigente del Partit Demòcrata Català ha insistido en los argumentos empleados ayer al término de su cita en el Tribunal Supremo (TS). "No nos van a amedrentar", reiteró, así como que no se siente concernido por la "sentencia" y que no tiene intención de cumplirla porque "está escrita de antemano". Todo ello a pesar de que el TS no ha decidido si llevará a juicio al aforado. Entre las perlas de Homs está la de haber calificado a la fiscalía como "brazo armado" del Gobierno.
El que entonces era consejero de la presidencia de la Generalidad añadió que tras recibir el comunicado del Tribunal Constitucional en el que se instaba a no celebrar la consulta separatista ninguna institución del Estado hizo nada por evitarla, de modo que no tuvo la percepción de que se estuviera haciendo nada ilegal.