Todo comenzó con unas grabaciones audiovisuales de las declaraciones de los interventores de la Junta de Andalucía en el caso del fraude de la formación, pieza política. Recuérdese que es notoria la intención de la juez y de la fiscalía de archivar definitivamente esta parte del sumario. Pero están estas grabaciones, que la juez se niega a facilitar al PP y que, según este partido, desacreditan su imparcialidad en el caso. Ahora, el PP la ha recusado formalmente.
ABC recuerda que el PP ya se quejó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que algunos audios entregados contenían varias partes "defectuosas, incompletas y contrarias al texto de las actas".
El pasado 15 de septiembre el PP ha presentado un recurso dirigido al CGPJ en el que solicita la recusación de la juez Núñez Bolaños porque considera que la instructora se ha extralimitado en sus funciones, "arrogándose la Sra. Magistrada-juez unas competencias que no le son propias y que legalmente vienen atribuidas a la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) con exclusividad y plenitud".
El PP considera que no era la juez Bolaños quien debía responder a su petición cursada el 19 pasado de julio y reiterada el 1 de septiembre pasado. Quien custodia las grabaciones y tiene que facilitar la certificación o testimonio de los audios, según la Ley, es la Secretaria Judicial.
Sin embargo, la juez Bolaños dictó un auto el pasado 15 de julio, cuatro días antes de que el PP formulara su petición, que decidía negar su acceso a las grabaciones originales, no a las defectuosas que se le entregaron.
El misterio de unas grabaciones
¿Por qué son grabaciones tan importantes para el PP? Porque están en juego presuntos delitos de altos cargos de la Junta de Andalucía. Precisamente una de las grabaciones que aparece mutilada es la de la declaración del interventor de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, que elaboró un informe de actuación donde subraya el riesgo de menoscabo de fondos públicos tras hallar un cúmulo de irregularidades en la justificación de las ayudas para cursos. Esto significaría la existencia de un presunto delito de malversación de caudales públicos y no meras irregularidades.
En la grabación entregada al PP el audio se interrumpe curiosamente cuando la representación legal del PP preguntó al Interventor y fue interrumpida por la juez con esta expresión: "Deje de preguntar por delitos, que aquí no hay delitos", subraya el PP.
Según este partido y recoge ABC, la magistrada "tiene especial interés" en no facilitarle las certificaciones solicitadas al PP porque "puede influir" en las diligencias informativas abiertas por el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ tras la denuncia contra ella formulada por el PP.
En julio, los populares acusaron ya a la juez de vulnerar el derecho a un juez imparcial y le atribuyeron dos faltas muy graves en su labor instructora: su presunta predisposición para archivar la pieza política de los cursos de formación, de la que se hicieron eco los medios tras una "filtración", y la falta de motivación de los autos que ha emitido. Entre ellos, el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas contra el ex vicesecretario general del PSOE andaluz Rafael Velasco.
Por todo ello, el PP ha decidido "la recusación de la magistrada juez titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, doña María Núñez Bolaños, al concurrir la causa de abstención". Y destaca que esta juez "no sólo tiene interés en el asunto de que se trata, al ser la autora material del auto de 15 de julio de 2016, que se arguye como excusa denegatoria de las certificaciones interesadas", sino que "también tiene especial interés en otro en cuya resolución puede influir", apunta en referencia al expediente abierto tras su denuncia ante el CGPJ.
Recuérdese que la juez Mercedes Alaya, que sí creía en la existencia de una trama política y en la presencia de delitos en el caso, imputó 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y sostenía la tesis de que desde la Consejería de Empleo se daban "órdenes" a las delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" que se repartía entre entidades y empresas para impartir cursos. La Junta, como es sabido, argumenta que sólo hay irregularidades administrativas sin coordinación alguna, tesis que asumieron la juez y la fiscalía.
El PP señala a una "trinidad": Chaves, Griñán y Díaz
Aunque no santísima, la trinidad formada por los tres últimos presidentes de la Junta son los responsables políticos del fraude de la formación, otro de los macrocasos que dirimen los juzgados sevillanos. Esa va a ser una de las conclusiones que presentará el PP en la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz.
Recuerda El Mundo que por tal Comisión han comparecido 66 personas, pero además el caso está investigándose en 18 juzgados andaluces. Aunque la Policía ha estimado en 3.000 millones de euros el dinero globalmente afectado por el caso, lo cierto y declarado por el ex director general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía, Carlos Cañavate, es que son 950 millones de euros la cantidad sin justificar que se encontró al tomar posesión de su cargo en 2013.
La Comisión de Investigación, polémica desde sus principios y atosigada por la falta de documentación que la Junta o no ha remitido o remitía muy tarde, se abrirá en canal con las conclusiones de unos y otros. Ya se conoce que el PP señalará a 35 cargos o ex cargos de la Junta, entre los que destacan Díaz, Chaves y Griñán.
El PP subraya las analogías entre el caso ERE y el caso del fraude en la formación profesional. Es la misma forma de gobernar y de manejar los fondos públicos. En ambos casos hay descontrol de subvenciones y una red clientelar ligada al PSOE. Sería muy extraño que el caso ERE arrojara responsabilidades políticas y penales y el del fraude de la formación desembocara en meras irregularidades administrativas.
Especialmente sobre la figura de Susana Díaz, el PP andaluz carga su abandono de la formación en los últimos años, su boicoteo de la Comisión, su ocultación de la red clientelar y la participación activa de ella en "sedes compartidas" con UGT para el desarrollo de cursos.
El PP, además de los tres últimos presidentes de la Junta, subraya la responsabilidad María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública; de José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, Empresa y Comercio; los ex consejeros de la Junta Luciano Alonso, Manuel Recio, Antonio Fernández, Antonio Ávila, José Antonio Viera; diez ex delegados provinciales de Empleo; seis ex directores generales de Formación: ocho ex gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Termina su relación con ex viceconsejeros de Empleo y el ex director general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación de Empleo (Faffe), Fernando Villén Rueda, que fue miembro de la Ejecutiva regional del PSOE-A.
El PSOE, por su parte, considera una "farsa política" el comportamiento del PP en el caso y creen lamentable que el PP pretenda "llevar sus mentiras hasta las conclusiones, cayendo en el más absoluto de los ridículos".