Fiscalía pide cárcel por los 101 heridos en las Marchas del 22-M de 2014

Han pasado dos años y medio desde las mentirosamente llamadas Marchas de la Dignidad. Desembocaron el 22 de marzo de 2014 en Madrid con miles de manifestantes convocados por grupos de extrema izquierda y, con ellas, graves altercados que pusieron en jaque a muchos agentes de seguridad. Lo que empezó como una convocatoria "en defensa de la justicia social y los derechos humanos" degeneró en 101 heridos, 67 policías y de éstos, 14 hospitalizados, uno con cuatro puñaladas por la espalda. Todo con el colofón final de la lectura de una proclama por parte de Willy Toledo y la periodista Olga Rodríguez.

Los heridos se recuperaron y el Estado de derecho ha esperado desde entonces para conocer las consecuencias de este repugnante episodio. La Fiscalía ha trasladado este miércoles su escrito de acusación, en el que pide penas de entre seis y diez años de prisión para doce personas por su presunta participación en los disturbios. El Ministerio Público les imputa los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones y el Juzgado de Instrucción nº 30 de Madrid está dispuesto a abrir juicio oral.

Cuando se confirme esta decisión, el instructor obligará a quienes se sienten en el banquillo a presentar fianzas que van de los 300 hasta los 13.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Al margen de esta causa, la Audiencia Provincial de Madrid resolverá en los próximos meses un recurso presentado por los doce colectivos sociales que se querellaron contra Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, por las cargas policiales que se produjeron y quedaron archivadas el pasado 13 de julio.

Marchas de la Dignidad

Diferentes movimientos y mareas sociales confluyeron con un mensaje común para vertebrar una manifestación contra los recortes y las situaciones provocadas por la crisis económica. Pero una parte sustancial de aquellas marchas colapsaron Madrid como expresión radical de la izquierda política. En una entrevista publicada por el diario El Mundo, un trabajador del Samur relató cómo los manifestantes más violentos increpaban a los sanitarios: "Dejadlos morir", decían en referencia a los policías heridos, algunos con daños importantes.

Como alertó Cristina Cifuentes antes de que se celebraran esas jornadas, el evento se convirtió en una excusa para "provocar incidentes o acampar" ilegalmente en las calles de la capital. Lo hicieron detrás de consignas en pancartas y cánticos como "la capucha es el rostro del pueblo que lucha" o "menos batucadas y más barricadas". Dos años y medio después, la Justicia deja a algunos de quienes perpetraron incidentes a solo un paso del banquillo.