Rita Barberá está ya formalmente encausada y solo una fecha le separa de la categoría de imputada. Será el momento en que la actual senadora del Partido Popular tenga que acudir al Tribunal Supremo ante el magistrado designado por turno: quien fuera Fiscal General del Estado con Zapatero, Cándido Conde-Pumpido,.
El Alto Tribunal ha dado impulso a los indicios que elevó el juez que instruye el caso Imelsa. Víctor Gómez atribuyó a la exalcaldesa un delito de blanqueo de capitales que, en su supuesto tipo, se habría arraigado en el Ayuntamiento de Valencia. Lo habrían cometido casi todos los miembros del grupo municipal del PP con modus operandi.
Con el respaldo de la Fiscalía, el instructor sostiene una hipótesis que se basó primero en escuchas telefónicas. Al parecer, los investigados recibían en sobres dos billetes de 500 euros para posteriormente lavarlos a través de una transferencia de 1.000 euros en concepto de donativo a una cuenta del Partido Popular. Una conversación de las intervenidas señala a la exsecretaria del PP en Valencia y mano derecha de Barberá, Mª Carmen García Fuster, como la encargada de repartir el dinero entre el personal dispuesto a colaborar.
Aunque no hacía referencia a la exalcaldesa. Diligencias ulteriores han ratificado que Rita Barberá entre otras 50 personas vinculadas aportaron sus 1.000 euros en una cuenta del Banco Sabadell del grupo popular. El Juzgado de Instrucción nº18 de Valencia -y el Supremo en lo que se refiere a la senadora- analiza ahora si, bajo la cobertura de esos donativos que los investigados reconocieron, se oculta el blanqueo de un dinero negro en poder de algún responsable del Partido Popular o de la propia formación. También se intenta esclarecer si esos fondos tienen su origen en la corrupción.
El sumario recoge otras conversaciones que comprometen a los imputados. Destaca una donde la exconcejal de Cultura, María José Alcón, reconoce a su hijo la existencia de "mucho dinero negro" y describe el panorama en Valencia como "corrupción política total".
Razonamientos del Supremo
El auto del Supremo destaca que, en la exposición razonada del juez de Valencia, se señala los siguiente sobre la implicación de Barberá:
"María Rita Barberá fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada".
"María Rita Barberá ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, María del Carmen García Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, existiendo, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que desempeñaba las mismas funciones y atribuciones dentro del Grupo desde el año 1991 en que fue designada aquélla".
"A juicio de este instructor, las alegaciones efectuadas por la aforada, no introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicación, a los efectos de elevar al Tribunal Supremo esta exposición".
"Debe significarse sin embargo que, en sus declaraciones, ni las investigadas que han reconocido la recepción del dinero tras efectuar la aportación, ni los cuatro testigos que se negaron a efectuarla, ni nadie testimonia una participación concreta, personal, de Rita Barberá en la entrega del dinero, ni en la propuesta o indicación para que dicha entrega se llevara a cabo o se aceptara".