Ha considerado probada la existencia de uno de los muchos hilos que conforman la tela de araña sobre los que Libertad Digital lleva informando desde 2008. En este caso, el procedimiento era usar "cargos fantasma" en las diferentes Consejerías, a veces duplicados con los reales, que iban a parar a dedo a familiares o militantes socialistas.
En el examen concreto que el TSJA ha realizado sobre consejerías como la de Educación, Cultura y Deporte, durante la etapa del exconsejero Luciano Alonso, se ha tratado de la colocación de hijos de alcaldes del PSOE y de militantes socialistas.
Ayer miércoles se conoció el auto dictado por el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pascuau Liaño, en el que ordena continuar la causa contra el ex consejero del Gobierno andaluz Luciano Alonso, por los trámites del procedimiento abreviado. Lo relevante es el relato de los hechos comprobados que le merecen al instructor la calificación de sendos delitos de prevaricación en tres casos.
La mayoría de los medios de comunicación andaluces se han hecho eco de la noticia. En el auto se mencionan los nombramientos que hizo el exconsejero Alonso de tres cargos fantasma. Igualmente se destaca que las tres personas a las que dieron tales cargos "tienen una relación directa o indirecta con el partido al que pertenece el investigado", el PSOE, ya que "uno de ellos ha ocupado cargos electos de dicho partido y los otros dos son hijos de cargos electos del mismo partido".
Alejandro J. Cárdenas Peñalver, hijo de la exalcaldesa del PSOE de Jaén, exdiputada en el Parlamento andaluz, ex secretaria provincial del PSOE de Jaén y Delegada de Asuntos Sociales de la Junta en Jaén, Carmen Peñalver, fue agraciado con el nombramiento como director de la Filmoteca de Andalucía, pero en realidad sólo hacía labores reales de asesoramiento siendo un recién licenciado en Derecho sin experiencia real en el ámbito del cine.
Su trayectoria, dice el TSJA, "en nada respondía al perfil y funciones del cargo para el que formalmente se le nombró", como director de la Filmoteca. Por si fuera poco, había otro director de la misma Filmoteca, Pablo García Casado. O sea, la Junta pagaba dos sueldos por el mismo cargo. El exconsejero Alonso declaró que no sabía la relación familiar existente entre Alejandro J. Cárdenas y su madre.
Otro caso es el de María Centeno Sánchez, hija de un veterano exalcalde del pueblo malagueño de Genalguacil, a la que nombró el mismo exconsejero directora de la Filmoteca el 1 de enero de 2014, en sustitución del hijo de Carmen Peñalver. El exalcalde, Fernando Centeno López, es hermano de Rafael Centeno, que, como recuerda El Mundo, tuvo que dimitir como el diputado en el Parlamento andaluz en 2001 cuando confesó que era él quien dijo "los moros que se vuelvan a Marruecos, que es donde tienen que estar". De tal expresión racista fue acusado el militante del PP de Huelva Matías Conde, pero una cámara de televisión demostró la realidad de los hechos.
María Centeno, tampoco ejerció como directora de la Filmoteca Asesora labor que seguía desempeñando su genuino director, Pablo García Casado. En este caso, aunque no era licenciada en Derecho, "continuó los trabajos de preparación del anteproyecto de la ley andaluza del cine, así como asesoramiento de la viceconsejera de Cultura, Montserrat Reyes", dice el TSJA. O sea, de nuevo duplicidad de sueldos para un solo cargo.
Pero hay un tercer caso también responsabilidad del exconsejero malagueño Luciano Alonso. En esta ocasión se trata del cargo director del Centro Andaluz de Flamenco, cargo para el que nombró a un amigo suyo, Luis Guerrero, diputado provincial por el PSOE de Málaga.
Se da la circunstancia de que el Centro Andaluz de Flamenco está en Jerez de la Frontera y Luis Guerrero nunca pisó la ciudad del vino para asistir a sesión alguna del centro que supuestamente dirigía, como admitió el propio Guerrero. De hecho trabajaba en el Centro Andaluz de las Letras, otro organismo dependiente de la Consejería de Cultura con sede en Málaga.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía califica indiciariamente los hechos de "fraude deliberado… en perjuicio de las normas que limitan el nombramiento de personas de confianza, sin publicidad ni concurso para funciones de asesoramiento en la Consejería".
Añade en su consideración que los hechos constituyen "un deliberado torcimiento de la normativa relativa a los nombramientos de personal eventual conferidos al titular de la Consejería de Cultura de la Junta, consistente en la obtención de una mayor disponibilidad de personal eventual de la permitida para los fines de asesoramiento genérico o indiferenciado (es decir, no singularizado normativamente) a su servicio, utilizando para ello la formalidad de la designación para otros cargos de personal eventual singularizados con atribución de funciones completamente diferentes de las propias de dichos cargos".
Luciano Alonso, actualmente diputado socialista, está pendiente de la resolución que adopte el grupo parlamentario de C’s en Andalucía que ya ha anunciado que va a pedir al PSOE-A que le facilite toda la documentación relativa al caso. Si C’s entiende que es un caso de corrupción política, exigirá al PSOE-A el cumplimiento del pacto firmado entre ambas formaciones y consecuentemente, la dimisión del diputado.