Se desvanece el fantasma de unas autonómicas anticipadas en Cataluña. Al menos hasta principios de 2017. Los diez diputados antisistema de la CUP darán su apoyo a Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad, en la moción de confianza del próximo 28 de septiembre. Se pactarán unos presupuestos de mínimos y se aplazarán los debates entre los partidos separatistas sobre cómo finalizar el proceso: si con unas elecciones constituyentes o un referéndum unilateral de independencia, que es la vía que abraza la CUP.
El rápido acuerdo entre la CUP y Puigdemont viene dado por el argumento de que la interinidad en Moncloa, la inestabilidad parlamentaria, los tanteos de Pedro Sánchez al nacionalismo y la hipótesis de unas terceras elecciones debilitan la respuesta jurídica y política del Estado ante el proceso separatista y facilitan los pasos del bloque de partidos que aspira a la independencia.
Las distancias entre la CUP y el Partit Demòcrata Català, la nueva marca convergente, son abismales, pero el calendario político que se presume en Madrid desaconseja por completo el avance electoral con el que amenazaban los diputados antisistema si no se forzaba un referéndum y la independencia en el plazo de nueve meses.
Ante la crisis institucional española, la CUP prefiere avanzar en el proceso, aunque no coincida en algunos puntos con el diseño de Junts pel Sí, antes que desencadenar unas elecciones que "rebajarían la política catalana al nivel de la española", al decir de unos y otros.
El apoyo de la CUP no significa, sin embargo, que Puigdemont vaya a tener el camino despejado. El marcaje de los antisistema puede provocar el descarrilamiento de la legislatura en cualquier momento si el presidente de la Generalidad no escenifica el estado de desconexión y desobediencia al gusto de los dirigentes de la CUP.