La Fiscalía pide al TC que procese a Forcadell por desobediencia

Ha transcurrido cerca de un mes desde que el Tribunal Constitucional suspendiera provisionalmente, el primero de agosto, la denominada agenda separatista. Sus once magistrados tumbaron por unanimidad y hasta nueva orden la resolución que daba luz verde a las tres fases "para la desconexión" emanada del Parlamento de Cataluña. La providencia del TC, que días antes había avisado a los miembros de la Mesa en la Cámara de que frenaran cualquier iniciativa de ruptura con España, incluyó la petición a las partes implicadas en el nuevo episodio de desacato que se pronunciaran en un plazo de 20 días.

Como manifestó ya José María Espejo-Saavedra desde Ciudadanos, es evidente que existió un incumplimiento del mandato del TC. La Fiscalía se ha pronunciado en las últimas horas y ha ido más allá en su informe. Entiende que, al aceptar que se introdujera en el orden del día del Pleno del pasado 27 de julio la votación de "conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente", con posterior aprobación de la Cámara, el comportamiento de Carme Forcadell "pudiera tener relevancia jurídico-penal, cuyo alcance se podrá determinar en la vía jurisdiccional competente". Aunque el Ministerio Público centra su petición en la presidenta del Parlamento catalán, también manda mensajes al resto de la Mesa y el Gobierno.

Solicita al Tribunal Constitucional que advierta a los miembros del bloque separatista de las consecuencias que tendría para ellos no acatar las órdenes de los magistrados. Concretamente, las famosas medidas para forzar al cumplimiento de la Ley: suspensión de funciones, multas de hasta 30.000 euros y la apertura de la vía penal.

En el caso concreto de Forcadell, la Fiscalía quiere celeridad. Desde que la Abogacía del Estado alertara de los últimos atisbos de desobediencia en el Parlamento de Cataluña, se ha señalado a su presidenta como la principal responsable. De ahí que la acusación pública haya pedido al TC que actúe ya contra ella. Basa sus argumentos en que los magistrados la conminaron el 19 de julio a "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" sus mandatos" y, una semana después, volvió a desobedecer. Desoyendo el aviso, permitió que Juntos por el Sí y la CUP dieran luz verde a las tres fases para la ruptura con el resto de España.

"Transgresión de los límites"

Según publican varios medios de comunicación catalanes, Carme Forcadell, que debe aportar un escrito ante el TC con su postura, básicamente respondiendo a si abandona o no el desafío rupturista, apelará a la libertad de expresión. Sostendrá también de cara a los magistrados que no ha sido ella sino el pleno quien sacó adelante la agenda separatista. La presidenta del Parlamento autonómico completará este trámite no porque se crea supeditada al mandato del TC, sino porque anhela la internalización del conflicto, poder elevar el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero la Fiscalía ha contrarrestado de antemano la defensa de Forcadell. Tal y como establece en su informe, las conclusiones aprobadas "no podrían ampararse en el mero ejercicio de libertad del debate parlamentario sobre un contenido político de pluralidad ideológica, pretendiendo ser constitucionalmente aséptico, por cuanto contradice dos pronunciamiento específicos de Tribunal Constitucional e incorpora unos efectos jurídicos que exceden de las facultades que la legislación atribuye al Parlamento de Cataluña".

En este sentido, añade el Ministerio Público que "lo que evidencian las conclusiones de la comisión de estudio, que hace propias el Parlamento de Cataluña, es la transgresión de los límites" que recoge la Ley para la Cámara, su Mesa, y más aún a su presidenta Forcadell.