"El sí de Ciudadanos tiene un precio" advertía el pasado miércoles el portavoz parlamentario del partido centrista, Juan Carlos Girauta, al mismo tiempo que afirmaba que la negociación con el PP estaba "encallada". Una vez que se han hecho públicas las 150 medidas que contiene el pacto, se puede concluir que Mariano Rajoy ha pagado un precio mayor en medidas económicas y sociales que en reformas de calado institucional. Con respecto a lo segundo, el PP acepta una modificación en la elección de los vocales del CGPJ, para que doce de los veinte que lo componen sean elegidos por los propios jueces y no por los partidos políticos, una medida que llegó a plantear incluso el primer ministro de Justicia de Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón.
Sin embargo, los populares no han dado su brazo a torcer en la supresión de las diputaciones provinciales, que Ciudadanos no renuncia a defender en una futura reforma constitucional, ni el cambio de naturaleza del Senado para convertirlo en una conferencia permanente de presidentes autonómicos, aunque sí que se contempla la reducción "sustancial" del número de senadores, sin dar más detalles. A partir de ahí, el equipo que han capitaneado el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, y el coordinador económico de los centristas, Luis Garicano, está muy satisfecho de otras reformas no de tanto vuelo pero que sí consideran importantes, incluso históricas para España. Entre ellas la posibilidad de que el parlamento revoque y cese al Fiscal General del Estado, la protección de los denunciantes por corrupción y, particularmente, el cambio en el sistema de elección de los secretarios, interventores y tesoreros de los Ayuntamientos, para que dejen de depender del alcalde. Fuentes de Ciudadanos la consideran una de las medidas que más eficazmente puede ayudar al combate de la corrupción en uno de los ámbitos, el local, donde más riesgos tiene de producirse. Sobre esos funcionarios, además, y según se dice textualmente en el acuerdo, se incrementará "la competencia sancionadora del Estado y las Comunidades Autónomas".
El complemento salarial y el contrato de "protección creciente"
Dos de las medidas estrella defendidas durante todo 2015 por Luis Garicano, en las sucesivas presentaciones de los programas de Ciudadanos, han sido el contrato único y el complemento salarial anual garantizado (CSAG). Ambas recibieron críticas del PP, las mismas que han escuchado en primera persona durante una semana los negociadores del partido naranja. Los populares ponían reparos a la filosofía del "contrato único" en un país con una presencia tan fuerte del sector servicios y no terminaban de ver el complemento salarial. Finalmente, y de manera muy parecida a como se reflejó en el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, los tipos de contrato se reducen a tres, entre ellos uno denominado de "protección creciente" que se podrá aplicar "cuando concurra una necesidad temporalmente limitada de mano de obra" y que tendrá una indemnización por despido de 12 días el primer año, 16 el segundo y de 20 días el tercer año. "Tenemos que acabar con los contratos basura" decía Albert Rivera tras la firma del acuerdo, y lo cierto es que su equipo económico está convencido que es la mejor manera de empezar a luchar contra la dualidad y contra el "todo o nada" que, consideran, suele plantearse la relación entre patrón y empleado.
En cuanto al CSAG, se trata para los economistas de la formación naranja, y así lo han discutido con los populares, de la única forma de ayudar a personas con rentas bajas si no se modifica el salario mínimo. Funcionará como un impuesto negativo, que se aplicaría a partir del ejercicio fiscal de 2017 y que tendría además la virtud de aflorar mucha economía sumergida, puesto que los beneficiarios (personas con muy pocos ingresos, fruto la mayoría de las veces de trabajos por obra o a tiempo parcial) deberían hacer la declaración de la renta para percibirlo, aun cuando por la cantidad que ganan estén exentos de hacerlo. Ciudadanos ha logrado que se financie con 2.100 millones de euros, 700 menos que lo que contemplaba su programa. Un ejemplo tipo sería el de una familia con hijos que ingrese entre 6.000 y 11.000 euros anuales, que obtendría un complemento a cargo del Estado del 40% de sus ingresos, unos 200 euros más al mes. Además, ese hogar percibiría otros 200 euros por hijo del Plan Contra la Pobreza Infantil.
"Congelar" la LOMCE
Sin duda, a ningún Gobierno le gusta firmar un papel en el que se expresa el compromiso de paralizar una de sus leyes más importantes, aunque sea parcialmente. Es lo que ocurre con la LOMCE, la popularmente conocida como Ley Wert, el apellido del antiguo titular del ministerio de Educación. El punto 78 del pacto entre populares y centristas pide llevar a cabo en seis meses un Pacto Nacional por la Educación y añade: "Se congelará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor".
Sin salir del que fue el ámbito de competencia de José Ignacio Wert, el acuerdo rebaja de nuevo el IVA cultural, pero de manera parcial. Las entradas de cine, pese a la intención de Ciudadanos, seguirán gravándose al 21%, pero los espectáculos de teatro o musicales estarán en el tipo reducido del 10%.
Rajoy ya ha pagado un precio para poder sumar treinta y dos síes en su investidura que comienza el próximo martes. Aunque no servirá para acabar con el bloqueo institucional que sufre España, en Ciudadanos están convencidos que la filosofía del pacto, y los puntos en común con los del acuerdo con el PSOE, suponen un consenso de partida para el futuro Gobierno, llegue este cuando llegue.