El pasado viernes, los portavoces parlamentarios de PP y Ciudadanos, Rafael Hernado y Juan Carlos Girauta, firmaron un acuerdo con las seis condiciones que Albert Rivera le puso a Mariano Rajoy como irrenunciables. Tras la enumeración de las mismas, el texto afirmaba: "Estas condiciones se deberán tramitar durante los tres primeros meses de la XII legislatura, a contar desde la fecha de investidura".
Una aclaración que ya ha provocado las primeras discrepancias, sobre todo a raíz de la imputación del diputado popular por Castellón, Óscar Clavell, procesado por un juzgado de Nules (Castellón) por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales. La primera de las seis condiciones firmada por el portavoz popular y el centrista dice así: "Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial". Los hechos se remontan a cuando Clavell era alcalde de La Vall d'Uixó, una localidad castellonense de la que también fue alcaldesa la actual líder del PP valenciano, Isabel Bonig. El juzgado considera delictivo el pago de 700.000 euros a una empresa encargada de la limpieza viaria y el transporte de residuos urbanos, algo que fue denunciado en su día por el PSOE e IU, los miembros de la oposición municipal.
Sin embargo, después de analizar toda la información sobre el caso, Ciudadanos ha decidido no pedir la dimisión de este parlamentario por considerar que no es un caso de "corrupción política". Fuentes del equipo negociador del partido naranja explican las conclusiones a Libertad Digital: "El pago se realiza en un contexto de litigio del ayuntamiento con la empresa. Luego hay una sentencia que obliga al ayuntamiento a pagar lo que no había pagado a esa empresa". Por lo tanto, para los centristas "no hay enriquecimiento injusto de terceros. Hay controversia sobre la calidad del servicio, nada que ver con corrupción".
Un pacto nacional contra la corrupción
Casi el mismo tiempo que tomaban la decisión de no pedir la dimisión del diputado popular, la cúpula centrista se descolgaba, en la víspera de la tercera jornada de negociación con el PP, precisamente dedicada a la regeneración y la lucha contra la corrupción, con una nueva propuesta en ese terreno. Ciudadanos plantea un Pacto Nacional contra la Corrupción y por la Regeneración Democrática al resto de partidos de ámbito nacional. Quieren que las direcciones ejecutivas de PP, PSOE y Podemos suscriban el compromiso de apartar de sus cargos públicos en todas las instituciones municipales, autonómicas y provinciales a cualquier persona imputada por casos de "corrupción política". El pacto que dio inicio la semana pasada a la negociación con el PP se firmó entre los grupos parlamentarios popular y centrista, y por lo tanto sólo afecta a su ámbito de competencia: el Senado, el Congreso y el Gobierno. Se trataría por tanto de extenderlo a todas las instituciones del Estado.
El caso Clavell
A primera hora del martes, mientras los equipos negociadores reanudaban el contacto, el secretario de comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, era interrogado en La Sexta por el caso de Clavell, del que en ese momento nadie en el partido naranja tenía información concreta. A la pregunta de si, en virtud del pacto suscrito con los populares, el diputado castellonense debía renunciar a su acta y cuándo debería hacerlo, Páramo contestaba: "Desde ya, desde hoy, ese pacto que hemos firmado condiciona a los diputados, a los senadores y a los miembros del Gobierno, desde hoy". A la repregunta de la presentadora del canal de televisión sobre el plazo para exigir esa dimisión, Páramo decía: "El plazo es inmediato, no somos sospechosos en Ciudadanos de dejar demasiado tiempo".
Maillo y Villegas
Avanzado el día, el equipo de Ciudadanos pedía al PP información detallada sobre el caso. En su comparecencia durante el receso de mediodía, el número dos centrista, José Manuel Villegas, insistía en que el primer punto del acuerdo se puede considerar ya vigente: "A la firma del acuerdo ya está vigente ese primer punto. Es un acuerdo político, no es un punto en el que se esté exigiendo un desarrollo legislativo. Creemos que en el ámbito del Senado, el Congreso y el Gobierno es aplicable desde el momento de su firma, y por lo tanto cualquier senador, diputado o miembro del Gobierno imputado por corrupción deberá abandonar su cargo".
Sin embargo, al abordar en concreto el caso Clavell, Villegas rebajaba el tono y extremaba la prudencia: "Ya definimos que corrupción política es cuando esos delitos de prevaricación están ligados a enriquecimiento personal o a financiación irregular de partidos políticos. Si en este caso hay alguno de los dos condicionantes lógicamente pediremos que se aplique el pacto y que se pida por parte del PP el acta a este diputado".
Instantes después, en el mismo set de televisión del Congreso, el portavoz del equipo negociador del PP, Fernando Martínez-Maillo, le mostraba agradecimiento por esa prudencia: "No se trata de hacer pasar por corrupción lo que no es, tenemos la obligación de ser justos y hay que saber distinguir y yo creo que hoy el señor Villegas lo ha hecho. Y se lo quiero agradecer. Él ha trasladado lo que es la diferencia entre una prevaricación administrativa derivada de una denuncia política de un partido, en este caso del PSOE y de IU, en el ejercicio de las funciones de alcalde de este diputado. Una cuestión administrativa que todavía no está ni siquiera en juicio oral, sino en una investigación, y él ya ha dicho que en el supuesto de que se abriera juicio oral dimitiría. Por cierto, el criterio de la apertura de juicio oral fue el que se estableció en el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE".
Las aguas parecen así volver a su cauce, aunque este miércoles PP y Ciudadanos, además de las diferencias de procedimiento, deberán seguir buscando puntos en común en materias que les separan como la económica. Algo que ha quedado de manifiesto con las discrepancias sobre el contrato único y la exención de cuota a los autónomos que ganen menos del salario mínimo, dos de las medidas estrella de los de Rivera que rechazan los populares.