Dar credibilidad al enemigo público frente al partido en el Gobierno la ha puesto en el ojo del huracán. La titular del Juzgado de Instrucción nº32 de Madrid, Rosa María Freire, propuso sentar en el banquillo de los acusados al Partido Popular y tres de sus miembros -la actual gerente Carmen Navarro, el asesor jurídico Alberto Durán y el jefe informático José Manuel Moreno- por delitos de daño informático y encubrimiento. Desde que tomó partido en el caso del borrado de los ordenadores que empleó Luis Bárcenas como extesorero de la formación política y que ella misma instruye, voces autorizadas del PP han buscado las cosquillas al auto que pone de nuevo en la palestra la supuesta contabilidad B.
El primer testimonio flagrante lleva la rúbrica de Rafael Catalá. El ministro de Justicia en funciones se disfrazó de juez de segunda instancia en 13tv, donde revisó la resolución de la juez Freire. Según el político popular, ninguno de los dos delitos que se le atribuyen a su partido tienen razones de ser en el Código Penal: “el de encubrimiento porque no es un delito atribuible a una persona jurídica en el momento en que aquello sucedió. Y el delito de daños, porque no corresponde a una persona jurídica, sino física”. Añadió que la culpabilidad “hay que demostrarla” y cargó contra un auto a su juicio con “muchas debilidades, más allá del momento en que se dicta, que es de alta tensión política”.
Celia Villalobos ha rebasado otra línea. La exvicepresidenta del Congreso y diputada del PP ironizó en relación a Rosa María Freire: "Debe ser muy habilidosa para averiguar que se ha borrado 37 veces". Como establece el auto de la magistrada, la formación “rayó, rompió y tiró a la basura los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, algo sobre lo que prefirió no hablar la mujer de Pedro Arriola: "Yo no soy técnica en informática. A lo mejor esa juez sí, o su marido o su primo hermano que es de Izquierda Unida", apuntó sembrando dudas de la imparcialidad de la instructora. Concluyó en el programa Espejo Público con una reflexión: que los jueces "tienen derecho a equivocarse, a cometer errores, a dejarse guiar más por lo que sienten que por lo que la realidad es. A unos les gusta el Real Madrid, a otros les gusta el Barcelona, a otros el Málaga, a otros les gusta el a otros les gusta el PP, a otros el PSOE, a otros el Partido Comunista porque son seres humanos normales."
Reacción de los jueces
Más allá de los eventuales errores de forma del auto de Rosa María Freire, las asociaciones de jueces más representativas han mostrado en bloque su “rechazo e indignación” por las declaraciones vertidas contra su compañera. Foro Judicial Independiente, Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia entienden que el procesamiento del PP y tres de sus miembros está debidamente argumentado y respaldado por pruebas testificales.
El comunicado de FJI señala en primer lugar a “quienes, en su papel de periodistas y/o tertulianos, se dejan llevar por sus pasiones y, reprochablemente, se exceden de la sana crítica a la que toda decisión judicial”. Seguidamente, sostienen que causa pasmo que sean responsables políticos de primer orden como Catalá o Villalobos “quienes más duramente hayan ido contra esta juez y su decisión, realizando análisis sesgados y partidistas de una resolución que no les parece bien, o incluso acusando veladamente a la compañera de haber actuado por filias ideológicas de algún familiar. Absurdo. Y tremendo”, califican.
Según la lectura de los magistrados, estas declaraciones “dicen más del que las expone que lo expuesto” puesto que descienden al ataque personal. “Dejan ver que sólo admiten un pensamiento único, su verdad, y por ello no toleran que otro poder del Estado, en el ejercicio de sus funciones, pueda afearles nada, revolviéndose con poca prudencia. Es más, declaraciones como éstas explican el porqué de las reformas habidas en los últimos años dirigidas a encorsetar cada vez más al poder judicial, cuya independencia molesta”, detalla el escrito de Foro Judicial Independiente. La asociación, que junto con las dos grandes grupos de jueces afiliados pide al Consejo General del Poder Judicial que actúe y salga en defensa de sus gobernados, termina con otra consideración: “Y luego se sorprenden cuando otros no acatan las decisiones de los tribunales en defensa de la legalidad”.
Auto de procesamiento
De alguna manera, la juez entiende que el Partido Popular ha mentido a lo largo del procedimiento. Según los miembros del grupo político que han comparecido en fase de instrucción, borraron los equipos en virtud de un protocolo de seguridad que ahora Rosa María Freire concluye que no existía de forma seria y rigurosa. Ese protocolo al que han hecho referencia, dice la instructora, no era conocido ni por los responsables ni por los trabajadores. Respecto del delito de encubrimiento, la magistrada considera que sabían de las diligencias sobre la presunta caja B que avanzaban en la Audiencia Nacional y aún así destruyeron aparatos que podían albergar datos “muy relevantes” para la causa.
También desmonta otro argumento al que se había aferrado el PP: que ya se encontraron los ordenadores vacíos cuando accedieron al despacho de Bárcenas. Este extremo “no ha resultado acreditado”, sostiene la juez, y “es contrario a la lógica”. Por el contrario, Rosa María Freire califica el testimonio del extesorero como “coherente y firme, incluso meticuloso”, por lo que no existen razones para dudar de él. La magistrada deja ahora en manos de las acusaciones y la Fiscalía la posibilidad de pronunciarse por el archivo o la apertura de juicio oral, debiendo en el último escenario aportar escrito de acusación en un plazo máximo de diez días.
El contenido, según Bárcenas
La magistrada se expresa en cuanto al destino de los dos equipos: “Respecto al Toshiba, el PP descartó su reasignación por obsoleto; y respecto al Apple…había sido formateado y no existía información que pudiera ser extraída, ni evidencia de su uso posterior. Fue el único disco duro entregado (a la justicia), puesto que el ordenador Toshiba fue entregado sin disco duro”. Según Luis Bárcenas, la computadora más antigua contenía información relativa a la financiación opaca del Partido Popular; y en el Apple, información personal relativa a sus viajes, pantallazos de correos electrónicos, agenda con reuniones de su antecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta, con donantes del partido, escaneados de diversos pagos de la supuesta contabilidad B de la formación, presupuestos detallados de campañas electorales, operaciones personales de cuadros, documentos visados por Lapuerta e información sobre sus cuentas en Suiza.
En cualquier caso, el procedimiento judicial con respecto a la posible contabilidad B u opaca del Partido Popular se libra en el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. El caso por un presunto delito continuado de falsedad contable, entre otros, contra Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta -y el PP como responsable civil- se encuentra pendiente de un juicio señalado para el próximo mes de octubre.