Viladecans es un municipio de la comarca del Bajo Llobregat de unos 65.000 habitantes. Considerado uno de los bastiones socialistas del área metropolitana de Barcelona, el llamado "cinturón rojo", el Ayuntamiento dispone de un plenario de 25 ediles que el viernes pasado (dos días después de que los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP pusieran el parlamento catalán fuera de la legalidad con una declaración expresa de desobediencia), aprobaron una moción en contra de dicho pronunciamiento.
El texto, promovido de urgencia por el PP, contó con el apoyo de PSC, Ciudadanos, “Viladecans Sí se puede” y Guanyem (Ganemos), un total de 20 concejales. Sólo los tres de ERC se opusieron mientras que los dos de Iniciativa per Catalunya se abstuvieron. El alcalde, Pere Ruiz, está al frente del grupo más numeroso, el del PSC, con once concejales. Ciudadanos cuenta con 4; 2 el PP; dos Viladecans si se puede; y uno Guanyem.
La moción subraya que el Ayuntamiento de Viladecans "rechaza cualquier iniciativa ilegal de las instituciones catalanas" y tacha de "grave" la aprobación de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente. "Nadie está ni debe estar por encima de la ley en un Estado de Derecho Democrático", afirma el documento, que alerta además sobre el peligro de enfrentamiento entre la ciudadanía.
Es la primera vez que un consistorio catalán se manifiesta en contra de una resolución parlamentaria, pero el ejemplo no parece cundir en ayuntamientos socialistas como Hospitalet, Cornellá y Santa Coloma, donde junto al PP, Ciudadanos y las versiones locales de Podemos superan de largo en número a los concejales de las formaciones separatistas.