Septiembre de 2014: el rastro del delito cercaba progresivamente a los presuntos responsables de la trama Púnica. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocida como la UCO, detecta los primeros indicios sobre un caso de recalificaciones y pelotazos urbanísticos en el municipio madrileño de Valdemoro. La noche del 5 al 6, en plenas fiestas patronales, un agente se acerca a Granados en la discoteca y le pone sobre aviso: los investigadores andan detrás de su socio, el constructor David Marjaliza, y si no pone los medios necesarios él puede ser el siguiente.
El tiempo ha querido casi dos años después que el instructor de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dibuje un mapa de la corrupción Púnica –todavía diremos presunta– con Granados y Marjaliza en la cúspide. El exalcalde de Valdemoro y exsecretario general del Partido Popular en la Comunidad de Madrid habría hecho uso de su influencia política, mientras que el empresario se habría encargado de conseguir constructores y demás patrones dispuestos a enriquecerse ilegalmente y pagando comisiones a los padres de la red de corrupción.
Cierre de la pieza
Los primeros indicios desembocaron en una investigación con cientos de miles de folios distribuidos en 14 piezas separadas. La del chivatazo, bautizada por el juez como pieza I Talamino, no es la primera en el orden del sumario pero sí la primera que será llevada a juicio. Eloy Velasco ha cerrado este viernes la instrucción relacionada con esta vertiente y ha decretado la apertura de juicio oral contra Francisco Granados y dos agentes de la Guardia Civil. A falta de informes de acusación, les atribuye los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.
Según recoge el sumario, el agente José Manuel Talamino se acercó al dirigente político en una discoteca de Valdemoro para informarle de que la UCO investigaba a Marjaliza. La evidencia nace de la confesión del constructor, que narró en su declaración ante el juez la conversación que mantuvo con el político después del chivatazo: “Paco me dice, he coincidido en una discoteca de Valdemoro a las 4 de la mañana, con muchas copas, con un guardia civil y me ha dicho que están investigando a un empresario de Valdemoro que tiene su oficina en Pinto. Y digo pues blanco y con asas, soy yo. Tenía a la UCO detrás y yo le digo, ¿quién es la UCO? Y en ese momento quemo todo”.
Tal y como explica el juez Velasco, la investigación conoce serias dificultades a raíz de ese soplo. Los objetivos de la investigación, especialmente Marjaliza, su secretaria, Granados, "y en menor medida" el por entonces alcalde de Valedemoro José Carlos Boza Lechuga, "comenzaron a adoptar unas medidas de seguridad adicionales, que obligaron a disminuir su frecuencia de llamadas y el contenido de las mismas". El conseguidor y empresario de la trama ha quedado fuera de esta pieza separada a pesar de su confesión.
El juez considera a Rodríguez Talamino autor del chivatazo y a otro agente, Caro Vinagre, cooperador necesario. Éste último conoció la conducta del primero y no lo puso en conocimiento de la Justicia ni del régimen interno de la UCO.