La forma de gestionar un juzgado puede ser bien diferente según quien sea su titular. Parece natural que cuando un juez se incorpora a un juzgado revise todas las dependencias, todos los casos vivos y pendientes, compruebe un inventario de los expedientes recibidos y tenga un control exquisito de todo. No es el caso del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, el juzgado de tres de las más grandes macrocausas de los últimos tiempos.: Los ERE, el fraude de la formación y el caso de los avales de la Junta.
En este juzgado, que hace más de un año ocupó la sustituta de Mercedes Alaya, María Ángeles Núñez Bolaños, es la segunda vez en menos de seis meses que se “encuentran” documentos del caso ERE que ni tienen fecha de entrada ni registro oficial. Depende del enfoque y de la intención, el caso puede presentarse como negligencia de la juez Alaya, como negligencia de la nueva juez que no parece haber tenido tiempo para inspeccionar todo su juzgado en más de un año de titularidad o como consecuencia de las obstrucciones sistemáticas de la Junta a la instrucción.
Ayer han “aparecido” 31 documentos sin fecha de entrada ni registro oficial de la época en que Mercedes Alaya gestionaba el juzgado. Es obvio que las carpetas que los contienen no habían sido examinadas hasta el momento por la nueva titular. Pero el caso es con anterioridad se hallaron también documentos de la época de Alaya.
En febrero de este año, se localizaron en las dependencias judiciales varios documentos vinculados al caso de los ERE fraudulentos "con oficio de remisión" del año 2013 pero "sin fecha de entrada". Entre ellos, había una resolución judicial del Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén "con oficio de remisión de fecha 27 de junio de 2013 y sin fecha de entrada", otra del Juzgado de Instrucción número 2 de Andújar (Jaén), "con oficio de remisión de fecha 25 de septiembre de 2013 y sin fecha de entrada" y documentación de la Junta de Andalucía que "tuvo entrada el pasado 27 de febrero de 2014, relativa a parte de la Cuenta General del año 2000 en papel relativa a IFA/IDEA".
Lo que se ha “encontrado” ahora: 31 documentos
Lo que estaba en el juzgado y nadie había reparado en ello son unas carpetas que contienen comunicaciones libradas por el Tribunal Supremo, el Congreso o el Senado sobre la situación procesal de los expresidentes Chaves y Griñán cuando aún eran parlamentarios nacionales y por lo tanto aforados, y sobre el exconsejero José Antonio Viera, que también gozó de esa privilegiada condición.
Además, hay informes de la Unidad de Policía Judicial sobre la aseguradora Fortia Vida, de la UCO vinculadas a la Agencia IDEA e incluso del Defensor del Pueblo. Han aparecido datos de la Junta en 2011 sobre el Grupo Mineralogista Onubense para incorporarlos a la causa de los ERE de la Faja Pirítica de Huelva y un documento del Ministerio de Industria que niega que hubiera un proyecto del Gobierno central para favorecer el desarrollo industrial de la zona.
Además, hay diligencias previas sobre una denuncia de José Enrique Rosendo, ya fallecido y uno de los imputados en la supuesta trama de las prejubilaciones ficticias y las ayudas libradas a empresas de la Sierra Norte y números oficios de la Guardia Civil, la Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda.
Los 31 documentos estaban albergados en un armario que, al parecer, nadie había inspeccionado hasta ahora, un año después de hacerse cargo del juzgado la titular Núñez Bolaños que ahora ha dado noticia del “hallazgo”, ha incorporado los documentos en los expedientes correspondientes y otros los ha mandado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre su destino.
El grupo Joly presenta el caso, no como negligencia alguna, sino como consecuencia del “peligro” de las macrocausas” dado que el volumen de documentos es tal que pueden producirse extravíos. Sí precisa que se trata de documentos que se corresponden con la etapa en la que estuvo al frente de la investigación la juez Mercedes Alaya, actualmente destinada en la Audiencia de Sevilla, porque, de hecho, algunos de los documentos datan de los años 2011 y 2012.
La obstrucción de la Junta a la instrucción de la juez Alaya
ABC recordó en su día los obstáculos que la Junta y el PSOE pusieron a la labor de Alaya y que dificultaron notablemente su gestión. Libertad Digital expuso en su día un “memorial de zancadillas” de la Junta a la entonces titular. La magistrada acusó abiertamente al Gobierno andaluz de torpedear su investigación, demorando la entrega de documentos para evitar que fuera subiendo escalones en la responsabilidades del caso.
Por su parte, el gobierno PSOE-IU cuestionó la instrucción de la juez, presionó para que el caso ascendiera al Tribunal Supremo y extendió sospechas sobre la coincidencia de sus decisiones con el calendario electoral.
La Junta por su parte, y, por ejemplo:
a) Planteó un conflicto de jurisdicción ante el Supremo después de que la magistrada le requiriera las 480 actas de los Consejos de Gobierno entre 2001 y 2010 al considerar que las deliberaciones eran secretas. La juez accedió a depositar las actas en un armario acorazado de los juzgados sevillanos con cámaras y vigilado las 24 horas. En septiembre de 2011, el Tribunal falló a favor de Alaya garantizando el carácter público de las actas, aunque dejó la puerta abierta a que la Junta reservara «documentación secreta».
b) Mandaba folios desordenados e inconexos a la jueza. De hecho, en mayo de 2011, la juez sevillana ordenó a la Policía Judicial que investigara el «batiburrillo de papeles inconexos» que le había mandado. Incluso sospechó que la Junta hizo una «construcción o reconstrucción apresurada» de los expedientes-
c) En junio de 2012, la Guardia Civil alertó de que, durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo, «se sacó documentación comprometida» para la investigación y otros papeles se “prepararon” adecuadamente antes de remitirlos al juzgado.
Recuérdese que hubo una reunión en la Dirección General de Trabajo para revisar papeles de los ERE, en presencia de Manuel Recio, Rivera y del entonces viceconsejero,Justo Mañas, imputados en la causa. Francisco Guerrero, exdirector de Trabajo, denunció la destrucción de informes.
d) La Guardia Civil subrayó en marzo de 2013 que el Ejecutivo de Griñán había demorado durante once meses, sin causa objetiva que lo justificara, la entrega de 2.500 folios requeridos por Alaya para avanzar en la investigación del supuesto desfalco de 50 millones de euros en «sobrecomisiones» por tramitar pólizas de prejubilación. Además reclamó dos veces la lista completa de los intrusos en los ERE.
e) La Junta, que teóricamente era acusación particular del caso ERE en calidad de perjudicada, fue objeto de un reproche de la juez Alaya por representar mejor el papel de defensora de los imputados que de acusación particular. Recuérdese que incluso recurrió el auto de la juez que ordenaba la imputación de 20 cargos y ex altos cargos, entre ellos, la de la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez.