Malestar entre la Policía que custodia la Audiencia Nacional por 'Pokémon GO'

La plaza Villa de París es un escenario idílico para los que opositan a maestros Pokémon. Cuenta con tres pokeparadas, es decir, emplazamientos que reserva la revolucionaria aplicación para smartphones Pokémon GO donde acumular objetos necesarios en el juego como pokéballs -pelotas para capturar a las criaturas virtuales-, huevos de los que nacen otras especies o pociones para revivir a los muertos en combate. Hasta aquí todo correcto.

Ver a decenas de personas móvil en mano agolpadas alrededor de estos puntos calientes del “pokemapa” se ha convertido en algo habitual, aunque la fotografía adquiere connotaciones diferentes en el cruce de la calle García Gutiérrez con Orellana, adyacentes a la calle Génova de Madrid. Allí se ubican las sedes de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, dos de los principales órganos judiciales de España. La misma puerta del Supremo es una de las pokeparadas, las otras dos se encuentran en las estatuas de Fernando VI y Bárbara de Braganza a pocos metros de los accesos.

Los agentes de la Policía Nacional que custodian las dependencias judiciales están en una situación incierta. La normativa general de los Juzgados prohíbe a las personas que transitan por este emplazamiento permanecer en las puertas o los alrededores durante un tiempo prolongado, por evidentes motivos de seguridad. Pero ahora los entrenadores Pokémon acuden constantemente a la zona y se complica la tarea de disuadirlos a todos.

Según ha podido saber Libertad Digital, algunos de los encargados de la seguridad en la Audiencia Nacional está preocupados por este hecho, de difícil solución puesto que es Nintendo quien ha elegido las posiciones de estas pokeparadas. El dilema que se presenta es si dejar a los jugadores disfrutar de la nueva aplicación o bloquear el parque de la Villa de París. Los usuarios perderían un ambiente perfecto para rellenar su pokédex, el dispositivo que clasifica a los pokémon, pero los profesionales que guardan dos de las grandes instituciones judiciales del país podrían ejercer su trabajo tranquilos.