La Fiscalía no ve delito en Fernández Díaz y ordena investigar el origen de las grabaciones

La Fiscalía del Tribunal Supremo no ve delito alguno en la actuación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en relación con el contenido de las conversaciones que mantuvo en su despacho con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. No obstante, encomienda a las Fiscalías de Madrid y Barcelona que valoren si pudieron cometerse delitos de revelación de secretos y malversación de caudales públicos.

En una nota de prensa remitida por la Fiscalía General del Estado, ha valorado que, en relación con las denuncias contra el ministro, único aforado ante este órgano, que "del contenido de las conversaciones no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales" por los que Fernández Díaz fue denunciado por ERC.

A partir de ahí, y aludiendo a "hechos denunciados relativos a personas no aforadas" como lo es De Alfonso, la Fiscalía General del Estado ha derivado parte de las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Madrid y otra parte a la de Barcelona. A la primera le corresponderá valorar si existió delito de revelación de secretos, mientras que el Ministerio Público catalán deberá investigar "una posible malversación de caudales públicos".

El Ministerio Público se pronuncia de este modo sobre las denuncias que interpusieron ERC, PSC y Catalunya Sí que es Pot tras la publicación de la conversación mantenida entre el ministro del Interior y De Alfonso. En concreto, ERC presentó una querella en la Fiscalía de Barcelona -que posteriormente fue remitida al Tribunal Supremo- contra los dos interlocutores en la que denunciaba que ambos tenían intención de desprestigiar a la formación catalana.

Además, la candidatura de Catalunya Sí que es Pot registró una denuncia ante la Fiscalía contra ambos al considerar que, en el caso del ministro del Interior había incurrido en delitos de "prevaricación mediata o, si es el caso, de partícipe a título de 'extraneus", es decir, que respondería de los hechos como inductor o cooperado necesario o bien como simple cómplice.

En el caso de De Alfonso le acusaban de un delito de prevaricación administrativa por cursar instrucciones o dictar resoluciones de inicio, impulso, paralización o concatenación de actuaciones con el fin de perjudicar a una persona, para menoscabar su crédito u honorabilidad.

También creía que debía ser objeto de investigación por ese delito si De Alfonso aceptó instrucción de otra autoridad --el ministro-- contraviniendo la ley de la Oac que aclara que su director "no recibe instrucción de ninguna autoridad en el ejercicio de sus acciones". Además, considera que ha cometido delito de revelación de secretos, ya que la ley el organismo configura legalmente "el deber de secreto", y no ve que sea lícito el contenido de la grabación.

La grabación, en manos de la Fiscalía

La conversaciones, que tuvieron lugar entre el 2 y el 16 de octubre de 2014 y en las que, entre otros temas hablan de posibles elementos incriminatorios contra determinadas personas que la Oficina Antifraude de Cataluña podía estar investigando, obran en manos de la Fiscalía después de que el diario Público, las entregara el pasado 30 de junio.

El medio hizo entrega en un 'pen drive' de los archivos de audio y remitieron un escrito en el que detallaban que dichos audios llegaron a la redacción del periódico de forma anónima y que entregaban todo este material "por si procediera realizar de oficio algún tipo de actuación o diligencia, sin hacer valoración jurídica alguna sobre su objeto y contenido

En estas conversaciones se escucha a Fernández Díaz y a De Alfonso discutiendo sobre cómo encontrar algún dato comprometedor sobre algunos líderes nacionalistas catalanes en torno a la celebración de la consulta catalana del 9 de noviembre, según publicó en su día el diario digital Público, que tuvo acceso a las grabaciones.

Entre ellos se encuentran el líder de ERC, Oriol Junqueras, el dirigente de CDC, Felip Puig y el líder de CDC en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs. Otro de los nombres que salieron en las charlas fue el del ex alcalde de Barcelona Xavier Trías al que presuntamente le atribuyeron un delito de blanqueo a través de una cuenta en Suiza.

Por su parte, el PSC presentó en un juzgado de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) una querella por presuntas calumnias contra De Alfonso alegando que apuntó al partido como responsable de la "filtración" de sus conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En la denuncia, el partido consideró que "sin ninguna prueba" el que fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña "concluyó y relacionó" que la investigación de la Oac sobre presunta financiación ilegal del PSC pudo llevar a éste a filtrar las conversaciones recientemente publicadas.