11 de noviembre de 2015. Doce personas ocupan sin consentimiento la sucursal del banco Santander de la calle Campana, cerca del Metrosol Parasol de Sevilla. Es un acto más en unas protestas promovidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la PAH. Los protagonistas proclaman lo que posteriormente el juez calificará de expresiones "injuriosas e intimidatorias". Nada nuevo en este tipo de episodios, salvo por un detalle: una de las agitadoras es Cristina Honorato, concejal de la marca blanca de Podemos en la capital hispalense, Participa Sevilla.
Ahora está imputada, ella y sus once compañeros. Ignacio Vilaplana, refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla -el mismo que lleva los ERE y los cursos de formación- ha propuesto la apertura de juicio a los instigadores por presuntos delitos de desórdenes públicos y de desobediencia. Serán la Fiscalía y el resto de acusaciones personadas quienes confirmen la celebración de la vista oral o pidan el archivo. Del análisis de las diligencias practicadas hasta el momento, según el juez, "se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad" contra los 12 procesados.
Boicoteada la jornada laboral, "se negaron a salir y procedieron a sentarse en el suelo formando un círculo, para comenzar seguidamente a comer, dejando los desperdicios y las basuras tiradas en el suelo". Así hasta que agentes de la Policía Nacional procedieron al "desalojo forzoso" de la sucursal y detuvieron a los imputados.
"Si esto no se arregla, guerra"
Para empezar, el juez dibuja un panorama en el que los imputados "alteraron la actividad normal de la sucursal, impidiendo la ordinaria actuación de los trabajadores, dirigiendo a los mismos expresiones injuriosas o intimidatorias, así como obstaculizando el acceso y libre ejercicio de las operaciones de los clientes en el establecimiento". Los doce, también Honorato, se negaron a desalojar la oficina, incluso cuando concluyó el horario de atención al público y pese a los requerimientos de agentes de seguridad privada y del Cuerpo Nacional de Policía.
Aunque no quedó ahí. Los agitadores entraron en la sucursal, "comenzaron a coger los folletos informativos del banco Santander, rompiéndolos y tirándolos por el suelo de la oficina, al tiempo que comenzaron a colocar algunas pegatinas y carteles" de las plataformas antidesahucios, precisa el juez Vilaplana. En el momento de perplejidad, se hicieron los bolígrafos de encima de las mesas de trabajo y "formaron una cola ante la ventanilla de la caja de atención al cliente, para realizar ingresos en efectivo por importes mínimos, de uno o dos céntimos de euro, con la intención de impedir el funcionamiento de la oficina", que motivó la huida de los clientes.
Y la ración de insultos: "lanzaron proclamas y cánticos" contra el banco, como "aquí esta la cueva de Alí Babá", "ladrones, chorizos", "si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra", usando para ello un dispositivo de megafonía. Los doce procesados dirigieron además sus descalificativos a los empleados "con gestos soeces" y expresiones como "no os da vergüenza trabajar para un banco así", "qué bajo caéis por un sueldo", "sois tan rateros como el banco" o "sois igual de chorizos". Por si fuera poco, "mantuvieron una constante actitud de acoso, hostigamiento y provocación hacia el vigilante de seguridad, con aproximación física al mismo, rodeándolo en muchas ocasiones, para entorpecer sus movimiento o buscando un enfrentamiento o reacción violenta, la cual no llegó a producirse por mantener la calma el vigilante a pesar de la tensa situación existente".