Mas recurrirá el juicio del 9N y se querellará contra Fernández Díaz

La portavoz de CDC, Marta Pascal, ha anunciado este martes que el expresidente Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau recurrirán la resolución del TSJC que les mantiene como investigados por la consulta del 9N y les deja a un paso de llegar a juicio por ese proceso participativo: "Es una persecución política en toda regla".

En rueda de prensa, también ha anunciado que el partido se querellará en el Tribunal Supremo contra el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por las conversaciones que se filtraron con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. La querella será por presuntas injurias y calumnias, revelación de secretos y atentado contra la autoridad en Cataluña, y CDC no descarta extender esta acción judicial a otras personas, como el director de la OAC, Daniel de Alfonso, u otras que aparecen en las conversaciones.

CDC mezcla los dos casos porque considera que las conversaciones filtradas evidencian una "relación muy íntima entre la Fiscalía General del Estado y el ministro de Interior", y ha recordado que el juicio contra Mas parte de una decisión de esta misma Fiscalía, que instó a la Fiscalía del TSJC a presentar la querella, pese a que ésta en principio no lo consideró oportuno: "Es una persecución política del Estado que busca criminalizar el 9N, al movimiento independentista y a aquellos que trabajan para hacer aflorar el nuevo Estado catalán", según Pascal, que ha pedido anular todo el procedimiento judicial.

El coordinador de régimen interno del partido, Francesc Sànchez, ha explicado que se dirigen al Supremo porque Fernández Díaz "lamentablemente es aforado"; lamentablemente, porque CDC considera que ya no debería ser ministro ni diputado. El partido separatista estudiará si extiende la querella a De Alfonso, que este miércoles será previsiblemente revocado en el cargo por el Parlamento de Cataluña, y analizará si la actuación de la Fiscalía fue correcta y si "hay alguna otra persona del Gobierno implicada". "Es evidente que la actuación de De Alfonso es intolerable. No sabemos si delictiva. Si lo es, tendrá una querella igual que el ministro", ha dicho Sànchez.

Todo legal

CDC interpreta que tanto las conversaciones de Fernández Díaz-De Alfonso como el juicio del 9N buscan "atentar contra el independentismo" y ha defendido la legalidad de la actuación del Gobierno de Cataluña durante el proceso participativo de noviembre de 2015: "El Govern dio la voz al pueblo y en cualquier Estado no es un delito, de ningún tipo; menos aún, cuando lo hace la sociedad civil acompañada de un Govern que asume la responsabilidad política", ha argumentado.

CDC lamenta enterarse por la prensa de la resolución que cierra la instrucción del caso manteniendo investigados a Mas, Ortega y Rigau, y ve intencionalidad política en el día elegido para hacerse público, dos días después de las elecciones generales: "Es evidente que la interlocutoria sale hoy pero no es de hoy".