Garzón pretende sacar en el Supremo 3.000 millones para familias republicanas

Mientras en el panorama político se habla de cambio, en el judicial se determina todo lo contrario. Quien fuera juez de la Audiencia Nacional, inhabilitado y apartado por las controvertidas escuchas ilegales en el caso Gürtel, Baltasar Garzón, ha tomado las riendas en representación de más de un centenar de familias de ascendencia republicana en el Tribunal Supremo. Su despacho de abogados ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado. Concretamente, solicitan la devolución a quienes fueron sus legítimos propietarios del papel moneda que puso en circulación el bando republicano con posterioridad al 18 de julio del año 1936 y del que se apropió el régimen de Francisco Franco.

Baltasar Garzón actúa en representación de más de 100 reclamantes. La suma del importe de los recibos reclamados supera el medio millón de pesetas. Ahora exigen dicha cantidad actualizada en euros e inflada por los intereses, lo que rebasaría los 43 millones según los demandantes. De hecho, en base a un informe del Banco de España fechado en marzo de 1938, el total del dinero republicano confiscado durante la Guerra Civil por el ejército de Franco alcanzó los 35 millones de pesetas. El valor actualizado antes mencionado más los mismos intereses cifrarían el precio de los fondos de los que se apropió el militar en más de 3.000 millones de euros.

Una moneda por bando

La demanda impulsada por el bufete de Garzón en representación de los reclamantes recoge que la confiscación fue consecuencia de una serie de disposiciones normativas dictadas por el régimen. La más significativa aprobó la creación de un "Fondo de Papel Moneda puesto en circulación por el enemigo" en 1938. A través de este último mandato, la mera posesión de tales signos fiduciarios -papel moneda, certificados de plata, "talones especiales" y papel moneda del Tesoro-, se consideró un acto de contrabando, con la consiguiente obligación de entrega a las autoridades del Gobierno de Burgos.

Con la aprobación de aquella norma con rango de ley coexistieron dos pesetas diferentes: una en el bando nacional y otra en el republicano, en función de la zona de influencia. Según explica la demanda de Garzón, esta decisión afectó de lleno a la población civil por cuanto la privaba de medios de pago legítimos, según fuera territorio conquistado o no. El cúmulo de requisitos que se establecían hacía casi imposible la entrega y ponía en grave riesgo a las personas que se identificaran como titulares del que se llamaba "Papel Moneda Puesto en Circulación por el enemigo".