El secuestro en Colombia de la periodista española Salud Hernández Mora a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha vuelto a dejar en evidencia las malas relaciones que algunos altos cargos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están empeñados en forzar de manera artificial entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
En cuanto salieron los primeros datos de la desaparición de la periodista y se conoció que la misma había ocurrido en una zona selvática de Colombia controlada por uno de los principales grupos narcoterroristas, unidades de ambos cuerpos iniciaron las primeras investigaciones sobre el tema, poniéndose en contacto tanto con los familiares de la desaparecida como con la delegación diplomática española en el país.
Ante la posibilidad de que fuese un secuestro, como finalmente resultó ser, el tema fue rápidamente recogido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, quien abrió una investigación y le encargó las pesquisas a la Policía. Tomada esta decisión, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil facilitaron la información que había recogido inicialmente sobre el tema a sus compañeros y dejaron el caso.
La sorpresa tanto en el Ministerio del Interior como en la Guardia Civil ha llegado al tener conocimiento de que el Comisario General de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, ha remitido en las últimas semanas una escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional denunciando que la Guardia Civil hizo una "intromisión desleal" por sus pesquisas iniciales sobre el caso.
En el escrito, adelantado este martes por El Confidencial, se detalla que las "injerencias" de la Guardia Civil consistieron en una "invasión de competencias territoriales, funcionales y exclusivas" de la Policía Nacional, "a sabiendas" de que la investigación había quedado en manos de la Policía. Además, se acusa incluso a la Benemérita de "manipular escritos a sabiendas" para intentar continuar en las investigación y de haber trasmitido una imagen de descoordinación entre cuerpos.
La argumentación de Sánchez Aparicio se base en una interpretación muy restrictiva de la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, exactamente, del artículo 12, en el que se desglosa las competencias de ambos cuerpos, y que reserva para la Policía las competencias relacionadas con Extranjería y "colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países".
El artículo no indica en ningún momento que la Guardia Civil quede excluida de la investigación de causas fuera del territorio nacional. No en vano, ha sido habitual, por ejemplo, su presencia en Francia en operaciones antiterroristas contra ETA. Como detalle, el coronel de la Guardia Civil Manuel Navarrete dirige actualmente el Centro Europeo Contra el Terrorismo (ECTC) de la EUROPOL (Oficina Europea de Policía).
Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Libertad Digital han señalado que "la Guardia Civil se retiró del asunto cuando tuvo conocimiento de que la Policía Nacional comenzó la investigación" a instancias de la Fiscalía y han precisado que "en ningún momento hubo descoordinación policial" y que "se aplicaron los protocolos" establecidos en todo momento.
Fuentes de las Fuerzas de Seguridad consultadas indicaron asimismo que este escrito de protesta "no tiene ningún viso de salir adelante" y que "con toda probabilidad será archivado rápidamente por la Fiscalía" de la Audiencia Nacional, al tiempo que lo enmarcaban dentro "de la molestia que supone para una minoría de la Policía que la Guardia Civil cumpla con su trabajo en el exterior y que esté ampliamente valorada fuera de nuestras fronteras".