La campaña electoral aflora más hilos de la tela de araña de Susana Díaz
Felipe Gallardo Álvarez, cuñado de la presidenta de la Junta de Andalucía, también se benefició de los cursos de formación.
El primer periódico, ya fuese digital o de papel, que puso de manifiesto la presencia de familiares de Susana Díaz en el caso UGT y el fraude de la formación fue Libertad Digital. Corría el mes de septiembre de 2013. Pero ahora, la dureza de la campaña electoral ha logrado que afloren otras vinculaciones de familiares de Susana Díaz vinculadas al caso UGT y a un ascenso en Ferrovial considerado irregular por los representantes sindicales.
En plena investigación del caso de las corruptelas de UGTpor falsedad documental y desvío de subvenciones a la formación que se instruye en los juzgados de Sevilla, LD demostró que el marido "tieso" de Susana Díaz, José María Moriche, aparecía como empleado de la UGT en diferentes cursos afectados por irregularidades según la misma Junta.
Ahora se trata, por un lado, del cuñado y la propia hermana de Susana Díaz.
Otro cuñado en liza
Ha contado El Mundo que Felipe Gallardo Álvarez, cuñado de la presidenta de la Junta de Andalucía, también se benefició de los cursos de formación subvencionados por el Gobierno andaluz bajo sospecha en una docena de juzgados de toda Andalucía investigándolos por un posible fraude que podría afectar a la gestión de 3.000 millones de euros, según las primeras estimaciones policiales.
De hecho, el cuñado de Díaz fue empleado del ente de UGT encargado de impartir los cursos de formación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes), el mismo en el que estuvo trabajando el marido de la presidenta José María Moriche, cuya nómina se cargó al menos a 102 cursos subvencionados por la Junta a lo largo de diez años.
Ha podido comprobarse que Moriche coincidió en el IFES con su concuñado Felipe Gallardo Álvarez, que es pareja de Rocío Díaz Pacheco, hermana de la presidenta de la Junta. De hecho, los nombres de ambos concuñados aparecen en los listados de gastos de viajes realizados por los empleados del IFES en el año 2009, que el sindicato luego cargó a las subvenciones de la Junta, como se puede ver en el documento que se reproduce.
Ascenso injustificado de su hermana en el AVE
Pero es que otro hilo de la tela de araña, no vinculado a la formación, afecta precisamente a Rocío Díaz Pacheco, la propia hermana de la presidenta. El caso se ha conocido porque representantes sindicales han denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social su ascenso supuestamente irregular como coordinadora de azafatas del servicio de atención en tierra para clientes del AVE en la base de Sevilla y piden que se levante acta de infracción a la empresa contratista (Ferrovial Servicios SA) por incumplimiento de normas laborales.
Desde 2006, Rocío Díaz ha sido de azafata del AVE, pero el 29 de julio de 2013 la dirección de Ferrovial Servicios -adjudicataria del servicio de tierra en 2013, con gobierno del PP -, mientras aplicaba una rebaja de sueldo del 14,45% a sus empleados, promocionaba a la hermana de la presidenta de la Junta a la categoría de azafata encargada y luego al puesto de coordinadora. De ese modo Rocío Díaz ha evitado la reducción salarial.
El caso es que desde hacía más de cinco años había dos azafatas ejerciendo las funciones de coordinadora y solicitando que se les reconociera esa categoría. Pero el pasado 27 de abril, la empresa les comunicó que había perdido la confianza en ellas y daba paso a la hermana de la presidenta de la Junta a pesar de que no reunía los requisitos» que el Estatuto de los Trabajadores fija en materia de movilidad funcional (artículo 39) y que su nombramiento las normas y de los límites legales en materia de ascensos.
En un escrito entregado a la dirección de Recursos Humanos de Ferrovial Servicios el pasado 6 de mayo, 28 de los 35 trabajadores mostraron su disconformidad con los nombramientos que la empresa quería hacer efectivos una semana después "por no haberse ofertado al resto de la plantilla ni haberse negociado con los representantes de personal".
Se recuerda ahora que Susana Díaz no contestó a la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero cuando le preguntó por el dinero de los cursos que "entró en casa de la presidenta".
El PP pregunta de nuevo por los familiares de Díaz
Y lo hace por dos motivos. Uno por conocerse los nuevos hilos de esta tela de araña presidencial. Pero además porque cuando declaró Susana Díaz en la Comisión de Investigación, la Junta no había remitido aún alrededor de 50 expedientes del caso de la formación, entre ellos el que afectaba a su marido y su cuñada.
Ha sido después de la declaración de la presidenta cuando la Junta ha remitido cuando los miembros de la Comisión de Investigación han podido acceder a esos expedientes clave sobre los que no pudieran formular preguntas a la presidenta.
Son 44 los expedientes de ayudas para cursos los que han llegado sucesivamente al Parlamento andaluz tras la comparecencia de Susana Díaz. Curiosamente, el mismo día que prestó declaración la presidenta -el pasado 31 de mayo- el Gobierno andaluz remitió 72 expedientes, y el día anterior, cuando comparecieron los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, remitió otros 40.
Dicho de otro modo, los miembros de la Comisión no tuvieron la información sobre 156 expedientes cuando tuvieron que preguntar a los ex presidentes y a la propia Susana Díaz.
Recuérdese que, además de cuñado y esposo, está implicado en el caso José Fernández de los Santos, actual secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en la actual Ejecutiva regional del PSOE andaluz que lidera la propia Susana Díaz.
Por ello, el PP-A pedirá que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, comparezca una segunda vez ante la comisión de investigación de los fondos de formación para que explique cuántos de sus familiares han obtenido beneficio de los cursos y las desviaciones de las subvenciones a la formación.
Sin embargo, la diputada popular Teresa Ruiz Sillero denuncia que la comisión de investigación está "parada" por "decisión directa" de Ciudadanos que preside la Comisión y que se ha negado a reunir al órgano por no ver razones de urgencia evitando así su ocurrencia en período electoral.
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