Mario Conde ha tardado tres días en reunir 300.000 euros, la fianza que el juez Santiago Pedraz le había impuesto el pasado martes como condición previa para abandonar la prisión. Curiosamente, el magistrado instructor de la denominada Operación Fénix no ha acordado la libertad provisional del exbanquero. Lo ha hecho su homóloga en el Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que permanecía de guardia esta tarde, cuando el dinero ha llegado vía transferencia bancaria.
El expresidente de Banesto, investigado por alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, ocho delitos contra la hacienda pública y organización criminal abandonará la prisión de Soto del Real, donde permanece desde el pasado 13 de abril. De acuerdo con Pedraz, la juez Lamela ha acordado la libertad provisional con una serie de medidas cautelares: la obligación de comparecer cada lunes y cuantas veces sea llamado ante el Juzgado Central de Instrucción nº1 –cuyo titular es el propio Pedraz–, fijación de domicilio en España, número de teléfono de disponibilidad permanente y prohibición de salida del territorio sin autorización del juzgado con retirada del pasaporte.
La juez le advierte de que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones supondrá la inmediata orden de detención y modificación de su situación personal. De la misma forma, ha comunicado la decisión a las instituciones penitenciarias para que permitan a Mario Conde que recoja sus pertenencias y abandone las inslataciones.
Primer intento nulo
De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el magistrado de la Audiencia Nacional estableció este jueves que la fianza de 300.000 euros debía presentarse en metálico o mediante aval bancario. Asentó este criterio después de rechazar por insuficientes las cuatro fincas de Fuerteventura que aportaron dos fiadores del exbanquero tasadas no oficialmente en 610.000 euros. Los dos avalistas eran los hermanos Alonso García: Jaime Francisco y José Ángel, vicepresidente ejecutivo y miembro del patronato de la Fundación Francisco Franco, respectivamente.
Pedraz había dictado el pasado martes, después de dos meses con el exbanquero en prisión incondicional, que "la instrucción no habría de verse perjudicada de hallarse Mario Conde en libertad, sin que se deduzca riesgo de fuga". Con esta reflexión, el juez acordó la salida de prisión del expresidente de Banesto previo pago de la fianza. Entonces Pedraz actuó en contra del criterio de la Fiscalía, que consideraba que la salida de Conde podría comprometer la investigación. El hombre de negocios gallego ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 13 de abril, poco después de que estallara el primer operativo que se saldó con la detención de otras siete personas, entre ellas su hija Alejandra y su abogado Javier de la Vega.
Según explicó Conde ante el juez Pedraz el mismo día del arresto, los 13 millones que presuntamente lleva blanqueados desde 1999 a través de un entramado societario ramificado en varios países del extranjero no son parte de los 26 millones que saqueó del Banesto, como sostiene la investigación. También aseguró que acreditaría un hipotético origen lícito del botín, desmontando las acusaciones de Anticorrupción.
Dinero saqueado de Banesto
El laberinto societario de Mario Conde se enreda más allá de Europa. Según fuentes judiciales, en los informes adheridos a la investigación figuran firmas asentadas en al menos tres refugios fiscales: la Isla de Man, dependientes de Reino Unido; y dos localizaciones de las Islas Vírgenes británicas, Nevis y Tórtola. Al parecer, estas posiciones ni siquiera pertenecen al exbanquero, son subcontratadas para ocultar la verdadera ubicación del dinero saqueado de Banesto.
En el peor de los casos, el Código Penal prevé penas de hasta doce años de prisión para esta acusación. Los indicios apuntan a que Conde intentaba lavar los 26 millones de euros de los que, según la sentencia por la que fue condenado a 20 años en el caso Banesto, se apropió indebidamente de la entidad.
De vuelta a España
La pista saltó en 2014 debido a una transferencia de 600.000 euros de Suiza a un banco español. El expresidente de Banesto no acertó a explicar este movimiento y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales dio la voz de alarma a la Fiscalía Anticorrupción. De las actuaciones efectuadas a partir de entonces nace la querella presentada el pasado marzo en la Audiencia Nacional y las informaciones de la causa que gotean paulatinamente.
Es conocido que, desde 1999, el exbanquero y sus ayudante han enviado pequeñas remesas de dinero a España desde siete países, algunos de ellos paraísos fiscales. Los movimientos nunca superaban los 3.000 euros, para no levantar sospechas en los organismos de control económico. Según una de las hipótesis, cuando en 2008 obtiene la libertad completa hace realidad el complejo entramado que está bajo el punto de mira del Juzgado Central de Instrucción 1 de Santiago Pedraz.
Mario Conde habría lavado ya 13 de los 26 millones de euros que permanecían perdidos para Hacienda. La Justicia lo consideró culpable de apropiación indebida, aunque no descubrió dónde ocultaba el botín. La principal versión de los averiguadores sostiene que entraron en España a través del cobro de facturas por trabajos inexistentes a dos sociedades de Mario Conde: la promotora inmobiliaria Black Royal Oak; y Barnacla, especializada en la celebración de eventos.
Historial delictivo
El exbanquero regresó el pasado 13 de abril a la cárcel tras haber obtenido la libertad condicional en julio de 2008 por el saqueo de Banesto. La primera vez que ingresó en centro penitenciario fue en diciembre de 1994 cuando apenas permaneció 30 días en prisión preventiva por la misma causa. El 26 de febrero de 1998 fue de nuevo encarcelado por el llamado caso Argentia Trust hasta que el 9 de agosto de 1999 obtuvo la libertad condicional por esta causa.
El juez señaló en su auto que Conde adeuda 14,1 millones de euros de responsabilidad civil por el caso Banesto y tiene pendiente una deuda de 10 millones con la Agencia Tributaria.