¿Hay dinero oculto de los ERE?

Se supo, por su ya fallecida madre, que Juan Lanzas tenía dinero "pa’sá una vaca", parte del cual y en metálico encontró un perro en una vivienda familiar. Después se hablaba, gracias a su chófer, de los gastos anómalos y de las presuntas mordidas del ex director general de Empleo de la Junta y uno de los principales actores de la trama, Francisco Javier Guerrero.

Indudablemente, se viene a la cabeza el caso del ya fallecido José Enrique Rosendo, exconcejal e hijo del exalcalde socialista de El Pedroso, Rafael Rosendo, que es emblemático. De no ser más que hijo de una familia normal de un pueblo de la Sierra Norte pasó a convertirse con su socio y amigo ex concejal del mismo pueblo, José María Sayago, en empresario millonario e inversor empresarial incluso en medios de comunicación. Recordarán asimismo las sospechas sobre el patrimonio de Juan Luis González Mata, uno de los intermediarios de las pólizas de las prejubilaciones, que tenía una casa cargada de antigüedades. Dejémoslo aquí porque hay más ejemplos.

Cobra hoy actualidad el presunto patrimonio oculto del exconsejero de Empleo de la Junta, el socialista Antonio Fernández porque la Audiencia Provincial de Sevilla ha concluido que las sospechas de la juez Alaya sobre su existencia no son superfluas o poco fundamentadas, sino que tienen base en los hechos.

Recuérdese que el consejero alegó estar en situación precaria y que Mercedes Alaya, como recuerda La Razón, en mayo de 2015 le denegó una pensión de alimentos de 1.840 euros con cargo a la indemnización de 37.935 que se fijó por su despido de la empresa González Byass y que le fue embargada por la juez.

¿Por qué se negó la juez Alaya tal pensión? Pues porque creía que Fernández tenía una "situación económica muy por encima" de la que simulaba. Para apuntalar su tesis, se refirió a la investigación patrimonial que encargó y que mostró indiciariamente un enriquecimiento ilícito porque en 2008 compró cuatro inmuebles, dos para él y dos para su hijo con un sueldo oficial que había difícil esas compras.

En enero de 2015, Fernández entró a trabajar en un despacho de abogados sevillano, precisamente del letrado que defiende a su amigo Francisco Javier Guerrero, en el que dijo percibir doce pagas prorrateadas de 1.261,58 euros. Pidió entonces los 578,42 que faltaban para llegar a la pensión solicitada y recurrió la decisión de Alaya a la Audiencia de Sevilla.

Pero su Sección ha dado la razón a la juez Alaya y la ha denegado la pensión. El tribunal provincial concluye que no queda acreditaba la "situación de necesidad casi extrema", de Fernández y que pueden existir recursos económicos sin aflorar. Y añade que esta sospecha no deriva de convicciones de la juez Alaya "conclusiones propias que pueden extraerse de datos objetivos y que resultan razonables en estos momentos".

De hecho, los gastos aportados por el exconsejeros no se casan con las viviendas y además ni siquiera se sabe cuál es realmente su domicilio. Además, dice la Audiencia "una simple constatación de los datos que aparecen en el informe patrimonial" que se les ha remitido permite "verificar" que las deducciones de Alaya tienen fundamento.

De hecho, en 2008 Fernández adquirió una vivienda con aparcamiento y trastero con un valor catastral de 343.983 euros sin contar los complementos y estuvo en alquiler durante los años posteriores. El mismo año fue adquirido "con garaje para el hijo", que en 2008 cotizó sólo cuatro días a la Seguridad Social.

Además, su hija compró en septiembre de 2007 otra vivienda con un valor catastral de 125.334 euros, con entrega inicial de más de 30.000 euros y un préstamo con garantía hipotecaria. Lo curioso es que la hija no tenía aún 19 años y no trabajaba. De hecho, no comenzó a cotizar a la Seguridad Social hasta 2012 pero los ingresos en sus cuentas, a veces importantes sumas, están registrados desde los años 2001 en adelante.

Por ello la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación de Fernández. Por su parte, la defensa del exconsejero afirma que el informe patrimonial realizado por la Guardia Civil fue impugnado en su totalidad por no haberse presentado soporte documental del mismo.