El juez rechaza la fianza presentada para que Mario Conde salga de prisión
Santiago Pedraz exige al expresidente de Banesto y sus fiadores que aporten los 300.000 en metálico o mediante aval bancario.
Mario Conde permanecerá en prisión durante los próximos días. Las cuatro fincas de Fuerteventura que aportaron los dos fiadores del exbanquero son insuficientes para cubrir la fianza de 300.000 euros impuesta por el juez Santiago Pedraz. De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el magistrado de la Audiencia Nacional ha establecido que dicha cantidad debe presentarse en metálico o aval bancario.
Los dos fiadores son los hermanos Alonso García: Jaime Francisco y José Ángel, vicepresidente ejecutivo y miembro del patronato de la Fundación Francisco Franco, respectivamente. Ambos han depositado a modo de aval las escrituras de cuatro fincas que según la tasación aportada por los mismos alcanzan un valor de 610.800 euros. Primero, el juez no confiere validez a esta tasación no oficial, aunque considera el error subsanable con una valoración judicial. Sin embargo, termina diciendo que la fianza no será subsanable con bienes inmobiliarios.
El juez Pedraz reclama el dinero en metálico o mediante aval bancario "con el fin de asegurar que, efectivamente, Mario Conde no se va a sustraer de la acción de la justicia". Este caso, según el magistrado, requiere un procedimiento efectivo y rápido: que los avalistas puedan "perder de inmediato el dinero", dado que además son socios en otros negocios del exbanquero, que en otras tramas delictivas ha empleado testaferros para ocultar su titularidad en patrimonio.
Salida de prisión
"La instrucción no habría de verse perjudicada de hallarse Mario Conde en libertad, sin que se deduzca riesgo de fuga". Con esta reflexión, Pedraz acordó este martes la salida de prisión del expresidente de Banesto previo pago de una fianza de 300.000 euros. El magistrado de la Audiencia Nacional, que investiga al exbanquero por alzamiento de bienes, blanqueo, ocho delitos contra la hacienda pública y organización criminal, únicamente le ha impuesto comparecencias semanales, la retirada del pasaporte con prohibición de salida del territorio y la obligación de notificar un teléfono de contacto.
En esta ocasión, Pedraz actuó en contra del criterio de la Fiscalía, que había considerado este lunes que la salida de Conde podría comprometer la investigación. La decisión llega dos meses después de que el juez decretara la prisión incondicional. El hombre de negocios gallego ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 13 de abril, poco después de que estallara el primer operativo que se saldó con la detención de otras siete personas, entre ellas su hija Alejandra y su abogado Javier de la Vega.
Según explicó Conde ante el juez Pedraz el mismo día del arresto, los 13 millones que presuntamente lleva blanqueados desde 1999 a través de un entramado societario ramificado en varios países del extranjero no son parte de los 26 millones que saqueó del Banesto, como sostiene la investigación. También aseguró que acreditaría un hipotético origen lícito del botín, desmontando las acusaciones de Anticorrupción.
Dinero saqueado de Banesto
El laberinto societario de Mario Conde se enreda más allá de Europa. Según fuentes judiciales, en los informes adheridos a la investigación figuran firmas asentadas en al menos tres refugios fiscales: la Isla de Man, dependientes de Reino Unido; y dos localizaciones de las Islas Vírgenes británicas, Nevis y Tórtola. Al parecer, estas posiciones ni siquiera pertenecen al exbanquero, son subcontratadas para ocultar la verdadera ubicación del dinero saqueado de Banesto.
La Fiscalía Anticorrupción le atribuye blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública. En el peor de los casos, el Código Penal prevé penas de hasta doce años de prisión para esta acusación. Los indicios apuntan a que Conde intentaba lavar los 26 millones de euros de los que, según la sentencia por la que fue condenado a 20 años en el caso Banesto, se apropió indebidamente de la entidad.
De vuelta a España
La pista saltó en 2014 debido a una transferencia de 600.000 euros de Suiza a un banco español. El expresidente de Banesto no acertó a explicar este movimiento y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales dio la voz de alarma a la Fiscalía Anticorrupción. De las actuaciones efectuadas a partir de entonces nace la querella presentada el pasado marzo en la Audiencia Nacional y las informaciones de la causa que gotean paulatinamente.
Es conocido que, desde 1999, el exbanquero y sus ayudante han enviado pequeñas remesas de dinero a España desde siete países, algunos de ellos paraísos fiscales. Los movimientos nunca superaban los 3.000 euros, para no levantar sospechas en los organismos de control económico. Según una de las hipótesis, cuando en 2008 obtiene la libertad completa hace realidad el complejo entramado que está bajo el punto de mira del Juzgado Central de Instrucción 1 de Santiago Pedraz.
Mario Conde habría lavado ya 13 de los 26 millones de euros que permanecían perdidos para Hacienda. La Justicia lo consideró culpable de apropiación indebida, aunque no descubrió dónde ocultaba el botín. La principal versión de los averiguadores sostiene que entraron en España a través del cobro de facturas por trabajos inexistentes a dos sociedades de Mario Conde: la promotora inmobiliaria Black Royal Oak; y Barnacla, especializada en la celebración de eventos.
Historial delictivo
El exbanquero regresó el pasado 13 de abril a la cárcel tras haber obtenido la libertad condicional en julio de 2008 por el saqueo de Banesto. La primera vez que ingresó en centro penitenciario fue en diciembre de 1994 cuando apenas permaneció 30 días en prisión preventiva por la misma causa. El 26 de febrero de 1998 fue de nuevo encarcelado por el llamado caso Argentia Trust hasta que el 9 de agosto de 1999 obtuvo la libertad condicional por esta causa.
El juez señaló en su auto que Conde adeuda 14,1 millones de euros de responsabilidad civil por el caso Banesto y tiene pendiente una deuda de 10 millones con la Agencia Tributaria.
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