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La juez 'ad hoc' del voto particular en la sentencia de Estrasburgo es pareja de un vocal del CGPJ que también nombró Gallardón

Blanca Lozano Cutanda llegó al tribunal de Estrasburgo por orden de Gallardón. Su pareja también accedió al CGPJ a instancias del exministro.

Blanca Lozano Cutanda llegó al tribunal de Estrasburgo por orden de Gallardón. Su pareja también accedió al CGPJ a instancias del exministro.
La pareja de jueces y su padrino político | LD

La autora del voto particular de la sentencia de Estrasburgo que da la razón a Federico Jiménez Losantos frente a Alberto Ruiz Gallardón, Blanca Lozano Cutanda, se convirtió en magistrada ad hoc del tribunal europeo el 19 de julio de 2013, con Gallardón al frente del Ministerio de Justicia.

Según informa Carlos Berbell en Confilegal, se da la circunstancia de que Lozano Cutanda es pareja de otro magistrado y vocal del CGPJ que en su día también accedió al cargo gracias al ex ministro de Justicia. Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, se convirtió en miembro del órgano de gobierno de los jueces con el aval del PP en 2013, también cuando Gallardón aún formaba parte del ministerio de Justicia.

La sentencia del TEDH conocida este martes afirma, por seis votos a uno, que se vulneró el derecho a la libertad de expresión del periodista. Declaraba que dicho derecho conlleva el uso de "cierta cantidad de exageración" e incluso de "provocación" y también defendía el "estilo" del periodista, que debe ser "protegido" junto con "el contenido" de la propia expresión. Además, cargaba duramente contra la pena que le fue impuesta en su día a Jiménez Losantos: una multa de 36.000 euros. Según el tribunal, la condena fue "desproporcionada" y podría "disuadir" de su trabajo a otros comunicadores.

En su voto discrepante, la única juez española del tribunal, López Cutanda, decía no poder "compartir la opinión mayoritaria de la Corte" y consideraba que la demanda interpuesta por Gallardón había sido "necesaria" para proteger "el derecho a la reputación".

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