"La instrucción no habría de verse perjudicada de hallarse Mario Conde en libertad, sin que se deduzca riesgo de fuga". Con esta reflexión, el juez Santiago Pedraz ha acordado la salida de prisión del expresidente de Banesto previo pago de una fianza de 300.000 euros. El magistrado de la Audiencia Nacional, que investiga al exbanquero por alzamiento de bienes, blanqueo, ocho delitos contra la hacienda pública y organización criminal, únicamente le ha impuesto comparecencias semanales, la retirada del pasaporte con prohibición de salida del territorio y la obligación de notificar un teléfono de contacto.
En esta ocasión, Pedraz ha actuado en contra del criterio de la Fiscalía, que consideró este mismo lunes que la salida de Conde podría comprometer la investigación. La decisión llega dos meses después de que el juez decretara la prisión incondicional. El hombre de negocios gallego ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 13 de abril, poco después de que estallara la denominada Operación Fénix que se saldó con la detención de otras siete personas, entre ellas su hija Alejandra y su abogado Javier de la Vega.
Según explicó Conde ante el juez Pedraz el mismo día del arresto, los 13 millones que presuntamente lleva blanqueados desde 1999 a través de un entramado societario ramificado en varios países del extranjero no son parte de los 26 millones que saqueó del Banesto, como sostiene la investigación. También aseguró que acreditaría un hipotético origen lícito del botín, desmontando las acusaciones de Anticorrupción.
La última estancia de Mario Conde en prisión ha venido marcada por su brevedad y por las continuas peticiones de libertad. El exbanquero no entendía los argumentos de Santiago Pedraz para enviarle a prisión, puesto que consideraba inexistente el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Su representante legal ha venido reiterando la disposición de su cliente para aportar cualquier documento que facilite la labor de los investigadores.
Dinero saqueado de Banesto
El laberinto societario de Mario Conde se enreda más allá de Europa. Según fuentes judiciales, en los informes adheridos a la investigación figuran firmas asentadas en al menos tres refugios fiscales: la Isla de Man, dependientes de Reino Unido; y dos localizaciones de las Islas Vírgenes británicas, Nevis y Tórtola. Al parecer, estas posiciones ni siquiera pertenecen al exbanquero, son subcontratadas para ocultar la verdadera ubicación del dinero saqueado de Banesto.
La Fiscalía Anticorrupción le atribuye blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública. En el peor de los casos, el Código Penal prevé penas de hasta doce años de prisión para esta acusación. Los indicios apuntan a que Conde intentaba lavar los 26 millones de euros de los que, según la sentencia por la que fue condenado a 20 años en el caso Banesto, se apropió indebidamente de la entidad.
De vuelta a España
La pista saltó en 2014 debido a una transferencia de 600.000 euros de Suiza a un banco español. El expresidente de Banesto no acertó a explicar este movimiento y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales dio la voz de alarma a la Fiscalía Anticorrupción. De las actuaciones efectuadas a partir de entonces nace la querella presentada el pasado marzo en la Audiencia Nacional y las informaciones de la causa que gotean paulatinamente.
Es conocido que, desde 1999, el exbanquero y sus ayudante han enviado pequeñas remesas de dinero a España desde siete países, algunos de ellos paraísos fiscales. Los movimientos nunca superaban los 3.000 euros, para no levantar sospechas en los organismos de control económico. Según una de las hipótesis, cuando en 2008 obtiene la libertad completa hace realidad el complejo entramado que está bajo el punto de mira del Juzgado Central de Instrucción 1 de Santiago Pedraz.
Mario Conde habría lavado ya 13 de los 26 millones de euros que permanecían perdidos para Hacienda. La Justicia lo consideró culpable de apropiación indebida, aunque no descubrió dónde ocultaba el botín. La principal versión de los averiguadores sostiene que entraron en España a través del cobro de facturas por trabajos inexistentes a dos sociedades de Mario Conde: la promotora inmobiliaria Black Royal Oak; y Barnacla, especializada en la celebración de eventos.
En la primera, los dos hermanos Conde figuran como administradores. En la segunda, Alejandra está inscrita como consejera. Además del cobro por esos informes y trabajos ficticios se realizó alguna ampliación de capital.
Las tres empresas de Mario Conde radicadas en España recibían pagos de otras sociedades en el extranjero. Por ejemplo, Drayton Management Limited, con sede en Londres. Los tres miembros del consejo de administración de esta firma guardan vínculos con otra de las compañías, Galloix, ubicada en Ginebra. Existe una tercera con una importancia ínfima en cuanto a cantidades. En conjunto habrían canalizado cerca de 13 millones de euros hacia las firmas del exbanquero en España. La investigación no descarta que aparezcan más firmas pantalla en otros Estados.