La Dirección General de Industria, Energía y Minas, que depende del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, dejó que caducara una multa a Endesa de 600.000 euros "por una falta leve continuada" consistente en alterar los datos de la potencia instalada para facturar de más. La sobrefacturación se ha calculado que alcanzó los 20 millones de euros.
Pero Santiago Ochoa Fernández, el funcionario de la Junta de Andalucía que tramitaba el expediente de la multa contra Endesa por la sobrefacturación de la luz a 400.000 andaluces, ha tenido que dimitir tras denunciar el acoso de sus superiores para que rebajara la sanción.
El origen del caso estuvo en la denuncia el ingeniero sevillano jubilado Antonio Moreno Alfaro, autor del blog www.estafaluz.com, que calculó que la sanción total por las infracciones leves, graves y muy graves, "imponiendo las multas mínimas", sería de al menos 105 millones.
El expediente informativo se abrió el 19 de julio de 2011 y fue el 10 de marzo de 2015 cuando Endesa empezó a devolver el dinero a sus clientes. La sobrefacturación se elevó a 20 millones de euros.
El funcionario de la Junta, Ochoa Fernández, con 15 años de experiencia en la Administración pública andaluza, intentó incrementar al menos en seis millones de euros la sanción por la infracción grave de "alterar los datos de la potencia contratada para poder facturar incorrectamente".
Pero entonces empezó a sufrir el acoso de la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, que estuvo imputada en el caso Aznalcóllar aunque luego la jueza retiró la acusación, y la jefa de servicio de Energía de la dirección general, María Isabel González Cuenca.
Hasta tal punto fue creciendo su intensidad que, el 19 de enero de 2016, el funcionario de la Junta presentó su dimisión irrevocable e informó de los hechos, en documento escrito, a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco, y a Susana Díaz Calderón, secretaria general técnica de la consejería.
Lamentablemente, ni la jefa del Ejecutivo andaluz ni Díaz Calderón contestaron al instructor, quien no contó con la colaboración interna ni de González Cuenca, ni de Asensio Coto que también fue imputada en el caso de la ayuda de la Junta a la empresa de Paula Chaves, Minas de Aguas Teñidas, SA por presiones y amenazas a técnicos de la Junta si bien luego el juez archivó la causa.
"Considero que con este proceder se ha beneficiado ilegalmente a la mercantil objeto del expediente sancionador al proponer solo una infracción leve por importe de 600.000 euros y poder ahorrarle, en su caso, una infracción grave añadida de seis millones de euros", dice en su informe el funcionario Ochoa.
Tras su dimisión, sigue aportando El Confidencial, Asensio Coto designó como nuevo instructor a Emilio Jorge Bolívar Raya el pasado mes de febrero y el 31 de marzo de 2016, fecha en la que se cumplía el plazo máximo de nueve meses para resolver el expediente sancionador. Poco después, el nuevo instructor propuso "declarar caducado el presente procedimiento, al haber transcurrido el plazo máximo legal para dictar y notificar resolución expresa". Y la La propuesta fue admitida por la secretaria general técnica el 16 de mayo, al declarar la "caducidad del procedimiento sancionador iniciado mediante Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de fecha 10 de junio de 2015 en el expediente sancionador número 12.4.1.24/01.15 contra Endesa Distribución Eléctrica".
El jubilado de Sevilla Moreno Alfaro, cuyas denuncias desde hace 78 meses ya han costado a las eléctricas más de 500 millones de euros, fue quien presentó la reclamación contra Endesa por el incremento unilateral de la potencia, ha denunciado que la Junta de Andalucía carece de personal y los medios informáticos necesarios para analizar el SIPS (Sistema de Información de Puntos de Suministro) en baja tensión de Endesa en Andalucía, formado por 4,63 millones de puntos de suministros. La multinacional se enfrentaba a una reclamación por incremento unilateral de la potencia contratada a cambio de la tensión nominal de 220 voltios a 230 voltios en suministros con contrato anterior al 18 de septiembre de 2003.
Moreno Alfaro explica que existen "numerosos afectados" a los que la multinacional no solo no les ha devuelto nada, "sino que además continúa aplicándoles el incremento unilateral de la potencia contratada", algo que niega Endesa que confirmó que los clientes afectados eran 400.000 andaluces y e todas las devoluciones se han realizado.